El Ministerio Público (MP) dijo este jueves 29 de abril que, dentro de la investigación del caso Fénix, hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría participado como notario en empresas de Gustavo Herrera, quien es prófugo de la justicia por ese caso.

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Según el MP, la documentación donde figura el nombre de Molina Barreto están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Se trata de las entidades Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., que fueron utilizadas para el presunto lavado de Q350 millones, según la investigación.

En su oportunidad, la Feci señaló que el caso Fénix consistía en una red criminal que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Magistrado se defiende

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión que por el momento no tiene conocimiento oficial de la información que dio a conocer la Feci y que le gustaría tenerla.

Recordó que cuando se postuló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ocupar la magistratura en la CC para finalizar el periodo 2016-2021, una persona hizo una objeción por ese tema y dijo que una empresa tenía que ver con Herrera.

Molina Barreto dijo que por esa razón acudió al Archivo General de Tribunales a sacar una certificación del expediente y determinó que no había ninguna relación de Gustavo Herrera con esa empresa, por lo cual lo presentó el documento a la CSJ y ellos desestimaron la objeción que le habían hecho para postularse a magistrado de la CC.

El magistrado explicó que esa relación que le hacen con la empresa fue hace más de 20 años y él no recuerda exactamente las sociedades anónimas ni los socios de estas y solamente pudo verificar en el Registro Mercantil el nombre de los representantes legales y en ninguno de ellos figuraba Herrera.

“Yo me di a la tarea de buscar a los representantes legales de esa empresa en el Registro Mercantil y no aparecía ninguno con apellido Herrera y yo presenté eso a la Corte Suprema para desvanecer esa objeción”.

El magistrado también afirmó que anteriormente tenía un bufete cono otros asociados, uno ya fallecido, en donde compartían asuntos notariales, litigio y otros procesos.

Aseguró que Herrera nunca fue su cliente y expresó: “cliente mío, así directo o que haya una factura de honorarios o algo así, no”.

Refirió que en todo caso, si hace 20 años él hubiera realizado algún servicio para alguna empresa vinculada con Herrera, él desconoce si para entonces esta persona ya estaba vinculada a algún hecho ilícito.

El caso Fenix

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el 27 de enero pasado el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en IGSS, el cual estaba a cargo de la Feci.

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Herrera.

Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.