También solicitó que las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales se excusen de conocer su expediente porque los hijos de ambas tienen una relación de amistad.

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Alejos presentó varios recursos en el Juzgado Tercero, donde el juez Mynor Moto dio trámite a dichos expedientes, atrasando el proceso para que lleguen a la Corte Suprema de Justicia, cuerpo colegiado que debe conocer y resolver si tramita el antejuicio.

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El parlamentario es señalado de haber tramitado  crédito fiscal a empresas de manera fraudulenta.

En detalle, según la investigación de la Fiscalía y Cicig, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que aceptaran pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal ante la SAT. Latex y Zeta Gas fueron algunas de ellas.

“El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, detalló la fiscal General, Thelma Aldana, el 25 de enero, cuando se reveló el caso Traficantes de influencias.

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El diputado ha dicho en anteriores ocasiones que no expondrá públicamente sus criterios de defensa; sin embargo, ha solicitado al Ministerio Público que respete su presunción de inocencia.

“Nada de lo que me señalan es real”, dijo en un mensaje divulgado por la televisión nacional el 28 de enero.

Hay 19 personas ligadas a proceso. El caso se desprende de la documentación que las autoridades encontraron cuando investigaban a la Línea.

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