Tribunal Undécimo Penal finaliza la audiencia del caso IGSS-Pisa-Chiquimula sin alguna réplica de los abogados.
Seguirá el próximo mes con la intervención de los procesados. pic.twitter.com/dRAMfGWEW6— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 30, 2018
Se queja
El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) Julio Suárez, uno de los 21 sindicados, se quejó al finalizar la audiencia. “Esto ha sido duro y triste”, mencionó.
Agregó: “La experiencia ha sido triste y dura. Por un lado se tiene el apoyo de la familia, pero por el otro no se tiene una sensación de insatisfacción por el trabajo del sistema de justicia, en donde los procesos son muy lentos”.
Se acerca el final
El Tribunal Undécimo Penal, que preside Morelia Ríos, fijó para el 6 de septiembre próximo concederle la palabra a cada sindicado para que haga su última petición.
Después se tomarán “varios días” para analizar las pruebas y citarán a las partes para leer la sentencia.
Este debate ya tiene un año y dos meses.
Investigación
La Fiscalía y la Cicig reveló en 2015 que Pisa accedió a dar 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el seguro social le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.
Durante el debate se supo que hubo querellantes que aceptaron una indemnización de Pisa para desligarse del caso, pero la Fiscalía continuó la acusación.
Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.
Piden condenas
Luego de 80 audiencias y casi un año de juicio, el Ministerio Público (MP) pidió cárcel para los acusados y multas de hasta Q300 mil.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, pidió para Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS, y al resto de integrantes de la Junta Directiva del seguro social, una pena de 15 años de prisión por el delito de fraude con el agravante de ser funcionarios públicos.
A Otto Fernando Molina Stalling, exasesor del IGSS e hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, el MP pidió una condena de 15 años por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y una multa de Q300 mil.
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