Gerardi, cuyo sepelio fue multitudinario, había dirigido la recopilación de datos y testimonios de víctimas del conflicto armado interno, a través de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.

En ese documento se vinculaba al Ejército con masacres, ejecuciones y desapariciones forzadas. Años antes Gerardi había denunciado abusos y muertes, como obispo de Santa Cruz del Quiché, donde la guerra interna fue muy cruenta, lo cual lo llevó al exilio en 1980.

Huella imborrable

Han pasado 15 años y, a pesar de las sentencias contra tres implicados, aún persisten sombras en el caso, pues no se logró establecer la autoría intelectual del crimen.

En julio del 2001 un tribunal de Sentencia condenó a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial a los militares general Byron Lima Estrada, quien en julio del 2012 recobró su libertad, por redención de pena; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el especialista Obdulio Villanueva, quien fue decapitado en un motín, en febrero del 2003. También fue condenado a 20 años de cárcel, por complicidad, el sacerdote Mario Orantes, quien recobró su libertad en enero pasado.

Controversias

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), recuerda que desde el principio se intentó desviar la investigación, ya que la escena fue contaminada e incluso lavada. Explicó que el primer fiscal del caso, Otto Ardón, se empeñó en darle un tinte pasional al crimen, pues se dijo que Orantes era el hechor y que incluso su perro, un pastor alemán de nombre Balú, era el que le habría ocasionado enormes mordeduras en el cráneo a Gerardi. Para apuntalar esa teoría el Ministerio Público se apoyó en el forense español José Manuel Reverte Coma, quien incluso trató de robarse un dedo del obispo.

Las críticas y señalamientos en contra de Ardón lo obligaron a dimitir y en su lugar fue nombrado Celvin Galindo, quien le dio un giro a la investigación del caso.

Consultado este, indicó que al analizar “la evidencia documental, científica y testimonial del caso se procedió a descartar la hipótesis de las mordeduras y se empezó a trabajar en una línea de investigación con la posibilidad de un crimen político”.

Galindo abandonó el país el 7 de octubre de 1999, después de haber recibido intimidaciones. “La amenaza que fue determinante para que decidiera irme, fue que en la cama de mi casa de habitación encontré un arreglo floral fúnebre. Lo extraño es que ninguna chapa había sido forzada”, explicó.

A raíz del crimen se han publicado varios libros con distintas teorías: algunas con mayor fundamento que otras.

Paradójicamente, el crimen le dió una mayor relevancia al informe Guatemala, nunca más, que es hasta la fecha material de referencia para conocer la barbarie que vivió el país.

Brutal  muerte

Extraña presencia

La noche del 26 de abril desconocidos  le destrozaron el rostro con una piedra al obispo  Gerardi, quien queda tirado. En la escena del crimen había personal del Estado Mayor Presidencial tomando fotografías.

Contaminación

Lavan escena

Horas después del asesinato, el sacerdote Mario Orantes mando a lavar la sangre de la escena del crimen. En su momento  dijo que lo había hecho por instrucciones del Ministerio Público (MP), lo que nunca pudo probar.

Detención

Chivo expiatorio

El 30 de abril de 1998 fue detenido el zapatero Carlos Enrique Vielman. Aunque se le vinculó con el  crimen, tiempo después se estableció que  nada tenía que ver con la muerte de Gerardi y fue dejado en libertad.

Falsa teoría

Exhumación

El 17 de septiembre de 1998 se exhumó el cadáver del obispo Gerardi. El forense español José Reverte Coma insistía en la teoría de que  Gerardi fue atacado por Balú,  el perro de Orantes, quien había sido detenido el 22 de julio de ese año.

Investigación

Giro crucial

El 2 de diciembre de 1998, el fiscal  Otto Ardón dejó el caso. Fue nombrado      Celvin Galindo, quien le dio un giro crucial a la investigación al trabajar la tesis de que  fue un crimen político, motivado quizá por el informe Remhi.

Banda Valle del Sol

Otra teoría infundada

En enero de 1999,  un exjuez, familiar de los militares sospechosos,  intenta vincular a la banda Valle del Sol, que robaba imágenes sagradas. En esta teoría se involucró a una sobrina del entonces canciller de la curia, Efraín Hernández, pero las pesquisas en esa línea no prosperaron.

Amenazas

Fiscal se retira

El 7 octubre de 1999, Celvin Galindo abandonó el país junto a su familia por  intimidaciones debido a su línea de investigación. En su lugar fue nombrado Leopoldo Zeissig, quien siguió la línea de investigación de su predecesor.

Precedente

Histórica detención

El 20 de enero del 2000 fueron capturados  Lima Estrada,  Lima Oliva y el especialista del Ejército Obdulio Villanueva, vinculados con el asesinato de Gerardi y fueron ligados a proceso por ejecución extrajudicial. En febrero fue  recapturado Orantes, por complicidad en el crimen, por haber mandado a lavar la sangre del obispo.

Desacreditación

Controversia

A finales del 2003, los periodistas Bertrand de La Grange, francés, y Maite Rico, española,  publicaron el libro titulado ¿Quién mató al obispo?, en el cual refuerzan las teorías desechadas por el MP y exculpan  del crimen a los militares.

Condena

Tribunal resuelve

En la madrugada del 8 de junio del 2001, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Lima Estrada, Lima Oliva y Villanueva a 30 años de prisión por  ejecución extrajudicial. El sacerdote Mario Orantes es sentenciado a 20 años.

Declaración

Testigo clave

Uno de los testigos claves del Ministerio Público fue Rubén Chanax Sontay, quien afirmó haber visto al coronel Lima Estrada bebiendo cerveza  en una tienda cercana a la iglesia San Sebastián la noche del 26 de abril así como vehículos vigilando el lugar por días.

Salió de prisión

Implican a militar

Gilberto Gómez Limón, quien fue testigo en el debate contra los tres militares y el sacerdote, declaró en el juicio que  Villanueva, detenido en la cárcel de Antigua, había salido de su celda el día que se perpetró el asesinato de Gerardi.

Intimidaciones

Se inicia debate

El 23 de marzo del 2001 se inició el juicio contra los tres militares y el sacerdote. Un día antes de que empezara el debate, la jueza Jazmín Barrios, del Tribunal de Sentencia, fue intimidada con una bomba en su residencia.