El presidente Jimmy Morales mantiene su posición de “cumplir la ley”, y que la pena de muerte está contemplada en el artículo 18 de la Constitución, pero no puede reactivarse ante la ausencia de un decreto de indulto presidencial.

“Lo que está en veremos es el tema del indulto presidencial, que es un tema del Congreso. Si el Congreso de la República lo traslada, entonces tendremos que sancionar o vetar la ley, pero hemos creído que el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es ejecutar los presupuestos y planes que sean aprobados por el Congreso, y ejecutar lo que la justicia de Guatemala le plantee”, expresó el mandatario.

El debate resurge después de que llegó al Legislativo una iniciativa para aplicar la pena de muerte en casos de sicariato y secuestro, en medio de una ola de violencia que incluye detonación de explosivos y mensajes en las redes sociales que piden aplicar ese castigo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, aseguró que por ahora no existe postura oficial del Organismo Judicial (OJ) sobre el tema, pero indicó que   la tendencia mundial es abolir su ejecución.

“Estaríamos retrocediendo. Lo que se pretende es mantener la protección a los derechos humanos”, manifestó, e indicó que la función del OJ es aplicar las leyes, así como resoluciones de todos los órganos jurisdiccionales, incluidas las de la CIDH.
La fiscal general, Thelma Aldana,  afirmó que también está en desacuerdo con ese castigo.

Hasta febrero de 2012, 79 personas habían sido condenadas a la pena capital; a 54 se les modificó por cárcel.

Con aportes de G. Contreras, J. Ramos, G. Sánchez y J. Gramajo