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El portavoz compartió el oficio No. 64-2019 firmado por Édgar Augusto Ortega Vásquez, jefe de la Sección de Seguridad de Instalaciones Públicas y Organizaciones no Gubernamentales, de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC.
En el oficio se informa que con instrucciones del director de la PNC se “ordena se proceda a retirar el personal policial y recursos logístico propiedad de la Policía actualmente de servicio en las instalaciones de la Cicig”.
Ponce recordó la validez de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la decisión emitida por las autoridades de Estado de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig.
“La Cicig espera cumplir con su mandato en el marco del acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. Se ha hecho un llamado permanente al respeto de las resoluciones de la CC, que prevalezca el estado de Derecho en Guatemala”, declaró el vocero.
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Se intentó comunicar con el vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, para obtener una versión al respecto, pero no fue posible.
En principio no contestó las llamadas hechas a su celular posteriormente se logró comunicación vía mensaje de texto y se le preguntó si el Ministerio de Gobernación analizó si realizar esta acción no contraviene el amparo que la CC otorgó para evitar la expulsión de Cicig a lo cual no respondió.
Marta Larra, vocera de la Cancillería, fue consultada y aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la facultad de notificar nada relacionado con personal de la Policía Nacional Civil.
Agregó que “la PNC tiene la facultad de notificar” directamente a las instituciones a quienes quiera darle a conocer información.
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Amparo
La madrugada del 9 de enero la CC suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de anular unilateralmente el acuerdo de creación de la Cicig.
Previo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había señalado que el mandato de la Cicig terminaba hasta septiembre de este año.
La CC exhortó a las autoridades a que “instruyan a los empleados de las dependencias a su cargo que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig”.
El falló tuvo el respaldo de cuatro de los cinco magistrado de la Corte, únicamente la presidenta de la CC Dina Ochoa, emitió su voto disidente.
Ayer la canciller Sandra Jovel en una entrevista exclusiva a Prensa Libre y dijo: “Naciones Unidas no tiene en ningún momento por qué opinar y mucho menos decir que no acepta una decisión de un Estado cuando es un órgano que depende de los Estados”.
“Naciones Unidas ya aceptó y es una decisión soberana del Estado de Guatemala que la Cicig ya terminó, es una decisión que se entregó el 7 de enero de este año y se ratificó por el instrumento correspondiente de Naciones Unidas, así que yo no tengo nada más que hablar sobre este tema”, agregó la funcionaria.
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