Este viernes el representante legal de Rivera presentó al Tribunal Quinto una solicitud para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), no sea querellante en el caso.

A juicio de Rivera, la Cicig no debería estar en el juicio como querellante junto al Ministerio Público porque no existen aparatos clandestinos en los supuestos ilícitos que se le imputan.

La defensa de Vernon González, también enjuiciado por el mismo caso, se unió a la solicitud de dejar fuera a la Cicig.

El exdiputado está señalado de tráfico de influencias en la elección de magistrados de Salas de Apelaciones, pues habría querido beneficiar a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Rivera fue acusado por la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció que el exparlamentario, miembro del Partido Patriota, le ofreció que sería reelecta para el cargo si emitía un voto a favor de Roxana Baldetti, para ser reinscrita como secretaria general de ese partido y eliminar la suspensión que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitió en contra de esa agrupación política.

Un día antes de la elección de magistrados de Apelaciones, la Sala Quinta de Apelaciones amparó a Baldetti, con el voto razonado de Escobar, y dejó en suspenso la sanción del TSE. Escobar fue elegida, pero renunció una semana después y denunció vicios en el proceso.

Rivera no pudo aspirar a una curul por un impedimento del TSE al tener un proceso judicial abierto, sin embargo el Congreso lo eligió como representante titular ante la Junta Monetaria, cargo que desempeñaba hasta su detención.

Abogado cuestionado

Junto al expresidente del Legislativo es juzgado Vernon González, abogado de la ex vicepresidenta, quien habría sido intermediario entre Rivera y Escobar.

González está señalado en otros casos. El 5 de marzo de este año, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) inhabilitó a González y le impuso una sanción de Q41 mil.

La denuncia fue presentada por Blanca Rebeca Morán, mandataria de la firma Tradeco, quien lo había denunciado por haber atentado contra el Código de Ética del CANG relacionado con la libertad de aceptación, abuso de procedimientos e influencias personales, entre otras faltas.

El 27 de mayo pasado, el juez de Primera Instancia Civil de Alta Verapaz, César Adolfo González del Cid, denunció que es objeto de amenazas de muerte, intimidación, extorsión, coerción y persecución extrajudicial por parte del abogado para que dicte fallos a su favor.