Militares retirados cumplieron con las amenazas de actuar de forma violenta para exigirle al Congreso el pago de indemnización por su servicio en el Ejército, porque la tarde del martes irrumpieron en el edificio del Organismo Legislativo e incendiaron algunos vehículos, agredieron a policías, periodistas y al personal que se encontraba laborando en el lugar.

En las instalaciones del Congreso aún se encontraban diputados, Alberto Pimentel, el ministro de Energía y Minas; personal administrativo, entre otros. El miércoles pasado, miembros de estos grupos bloquearon 14 puntos en las carreteras y amenazaron con utilizar armas si los desalojaban, también utilizar explosivos para destruir puentes y otras acciones violentas.

Debido a que estas amenazas fueron lanzadas seis días, analistas y expertos en temas de seguridad afirman que el Ministerio de Gobernación tuvo suficiente tiempo para fortalecer anillos de seguridad perimetral en el Congreso y prevenir acciones violentas durante la manifestación.

Para Oswaldo Samayoa, miembro del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (Foos), desde el 21 de noviembre del año pasado la Policía Nacional Civil (PNC) ha incumplido con sus deberes, porque en vídeos se observa como los policías que estaban asignados en los alrededores del Congreso se retiraron cuando vieron que algunos manifestantes se subieron a las ventas del edificio del Legislativo.

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“No había ninguna planificación de resistir par este tipo de amenazas, pese a que lo habían avisado. Esto quiere decir que el sistema de inteligencia civil tenía esta información, por lo que estamos frente a un incumplimiento continuado de deberes por parte del ministro de gobernación y el director de la Policía Nacional Civil”, afirmó Samayoa.

En manifestaciones anteriores, las autoridades han solicitado seguridad perimetral en el Congreso, para la cual despliegan más de dos mil policías y bloquean dos calles a su alrededor. Pese a que los militares anunciaron la manifestación del pasado martes y con hacer cumplir sus amenazas, el despliegue de las fuerzas de seguridad no fue el mismo comparado con otras ocasiones, por lo que genera dudas sobre las acciones de Gobernación.

Samayoa opina que las autoridades no actuarán de forma represiva contra los veteranos como se ha evidenciado que actúan contra manifestantes, porque significa votos para las elecciones del 2023 y también son manipulables para ofrecerles pagos inconstitucionales.

Tiempo para actuar

Carlos Mendoza, analista en temas de seguridad y justicia, dice que los diputados tenían información de posibles actos violentos en el Congreso desde las 10 horas del pasado martes, por lo que hubo oportunidad para que el Mingob y la PNC se prepararan ante esta situación. La irrupción al Congreso y la quema de los vehículos sucedió por la tarde, por lo que transcurrieron al menos seis horas para que las autoridades tomaran acciones preventivas, pero no ocurrió.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, señala que las acciones violentas son producto de ofrecerle un pago inconstitucional a los militares retirados y también es imposible pagarles la cantidad que les han ofrecido.

“Llego el momento de relevar de sus funciones al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por el delito de incumplimiento de deberes. Pareciera que está de adorno en su casa y no está consciente que es su obligación de reducir al orden a estos individuos. No hizo nada con los vándalos que destruyeron un monumento y pretendían destruir otro, y tampoco hizo nada en esta oportunidad cuando tuvo tiempo y la obligación de actuar”, afirmó Méndez Ruiz.

Añadió que Reyes es funcionario que “está de adorno” porque no solo permite estos actos, sino también la violencia está aumentada en el país, por lo que las fuerzas de seguridad deben capturar a los responsables de estos actos.

Sin respeto a la Ley ni autoridades

En opinión de Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), las autoridades prefieren ausentarse al tratar de contener manifestaciones violentas porque el sistema los castiga por sus acciones y no a las personas violentas.

“La sociedad en general ya no respeta a la autoridad, porque se puede observar violencia contra los agentes de Emetra, contra los policías por parte de los coyotes, contra soldados y lo que refleja es que ya no hay respeto para las autoridades. Cuando pasa esto, las autoridades son nuestra última línea de defensa porque cuando los delincuentes saben que no hay defensa para la ciudadanía será ellos quienes deban enfrentar la delincuencia”, advirtió.

Añade que cuando las fuerzas de seguridad cumplen con su función son perseguidos, investigados, encarcelados y lo cual envía permite que los ciudadanos quedan expuestos. Afirma que en manifestaciones de noviembre del año pasado, los delincuentes y responsables de la quema de inmobiliario del Congreso resultaron ser las víctimas y Reyes fue interpelado durante varios veces por las acciones que tomó la PNC.

“La opinión pública condena a la autoridad cuando necesariamente tiene que actuar, entonces estamos provocando que a la autoridad le sea más fácil no actuar”, afirmó.