El comisionado, quien fue aplaudido antes para ofrecer su discurso, dijo: “Realmente, en las condiciones actuales, resulta ser un acto tan emocionante. Pueden tener ustedes la certeza que siempre perdurará en mi mente y en mi corazón”.
El país necesita al menos 10 reformas que van desde la Ley Electoral hasta el funcionamiento de las facultades de Derecho en las universidades, según resaltó.
Afirmó que se persigue fortalecer el combate de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) y prevenir su reaparición, así como evitar una nueva cooptación del Estado, lo cual figura en el mandato de la Comisión.
La Cicig insiste en cambios constitucionales, pero además en otras normas. “Aprovechando la experiencia y el conocimiento profundo que hemos adquirido en estos 10 años, me permito anunciar la presentación de un informe de políticas públicas que deberían generarse para erradicar los Ciacs y prevenir su reaparición”, expuso Velásquez.
El comisionado listó reformas a leyes electorales, de Compras, de Servicio Civil, de Amparo, de Antejuicios, del Sistema Penitenciario, de las carreras de Derecho, el Código Penal y Procesal Penal, así como a la Justicia Constitucional, además de los cambios al Organismo Judicial.
La propuesta incluirá la adopción de un código penal que defina de una mejor manera los tipos penales y actualice las medidas de coerción. “En fin, una extensa lista que incluya la modernización del Estado y a su verdadero fortalecimiento institucional. Temas interesantes, sin duda”, aseveró el comisionado.
El documento que entregará —sin fecha definida— incluirá una justificación de los aspectos que inciden en la cooptación del Estado.
El informe
Velásquez recordó la función de la Cicig, que nace de una respuesta de la ONU a la petición del Estado de Guatemala, para la investigación y persecución de estructuras que permanecían impunes.
El comisionado recordó las atribuciones que tienen dentro del mandato de la Cicig, como:
- Investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala e identicar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vículos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
- Colaborar con el Estado para la desarticulación de los Ciacs y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
- Hacer recomendaciones al Estado para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los Ciacs, incluyendo reformas jurídicas e institucionales.
“Sus actuaciones no implican lesión de la soberanía, en tanto la Cicig no es una autoridad que haya sustituido a las autoridades nacionales, ni un poder supranacional que se la haya impuesto al país. Surgió por petición del Estados y los ciudadanos guatemaltecos”, dijo Velásquez.
“El mandato conferido a la Cicig es mucho más amplio que la coadyuvancia y colaboración en la investigación y persecución penal de estructuras criminales vinculadas con entidades del Estado y otros sectores”, dijo Velásquez.
El comisionado recordó que la comisión no puede ejercer la acción penal, ni ejecutar capturas, ni hacer escuchas telefónicas -refiriendo que esa labor la hace el MP- del cual depende para accionar y dijo que “su fuerza, poder y niveles de aceptación en la sociedad, se deriva de la independencia con la que actúa y la capacidad técnica con la que actúa y transfiere a los fiscales”.
“Pero lo que parece que aún no ha sido totalmente comprendido por algunos sectores, y ha llevado a malos entendidos sobre el mandato y la labor de la Comisión, es el tercer componente de su competencia”, argumentó Velásquez.
Resaltando que ese punto ha gastado gran parte de las energías y esfuerzos de la comisión, pues entre los años 2007 y 2009 demandaron una intensa actividad de revisión de las normativas legales y procesales penales, así como la discusión de una propuesta de reformas y modernización del “entramado legal”, sin el cual el cumplimiento del mandato de la Cicig se veía limitado.
Entre los avances mencionó las reformas a las leyes contra el Crimen Organizado, Ley contra el Lavado de Activos, la Ley de Extinción de Dominio, la jurisdicción de Mayor Riesgo y la creación de la figura del colaborador eficaz y el testigo protegido.
Algunos casos
Financiamiento electoral ilícito durante la campaña 2015: Solicitaron diligencias de antejuicio contra los secretarios generales de ese entonces. Las investigaciones apuntaron que los partidos UNE, Líder y FCN-Nación habría incurrido en ese delito.
Corrupción y Construcción: evidenciando que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, por medio de empresas de cartón supuestamente cobró millonarios sobornos a empresas, para realizarles pagos de deudas de arrastre. 28 personas fueron ligadas a proceso.
Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia: desarticuló una red de corrupción que operó en esa comuna, encabezada por el exalcalde Arnoldo Medrano e integrada por familiares y particulares, quienes habría anómalamente se habrían asignado siete millonarios proyectos por medio de empresas. 19 personas fueron ligadas a proceso.
Fraude Chicamán: miembros de una estructura habrían aprovechado sus influencias en la municipalidad para defraudar las finanzas de la comuna, la cual pagó Q14 millones en proyectos que quedaron inconclusos, afectando a los pobladores. 14 personas fueron ligadas a proceso.
Caja de Pandora: otro caso de supuesto financiamiento electoral ilícito, por el que fue solicitado el retiro de antejuicio alcalde capitalino, Álvaro Arzú, porque supuestamente con recursos de un fideicomiso de la comuna, se financió la campaña electoral del partido Unionista, y a la vez habría beneficiado al reo Byron Lima al comprar artículos promocionales pagados con facturas que detallaban otros rubros.
