Duarte había huido de la justicia de su país, fue trasladado a la capital guatemalteca la madrugada del domingo, tras ser detenido la noche del sábado a unos 140 kilómetros de la ciudad, en  Panajachel, Sololá.

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Tras su detención y de que un juez le hiciera saber el motivo de su captura, Duarte fue trasladado a la capital y recluido en la prisión de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar.

El exgobernador de Veracruz de 43 años, llegó a la capital custodiado por lo menos dos docenas de policías guatemaltecos y a su ingreso a prisión dijo “No tengo comentarios, gracias” a preguntas de reporteros. 

Era prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses. La PGR en un comunicado dijo el sábado que ya trabaja en la solicitud de extradición.

Durante tres días las autoridades guatemaltecas y mexicanas siguieron de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las ocho de la noche del sábado en un hotel donde estaba en compañía de su esposa, dijo Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala.

El exdirigente había recibido una llamada de la fiscalía mexicana que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación a una zona común para ser detenido por la policía, agregó.

El veracruzano es el segundo exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto en ser detenido en menos de una semana.

El caso de Duarte ha sido uno de los más sensibles para la opinión pública por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, además de por la impunidad y la corrupción que reinó en la región.

Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares vinculados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos.

Al parecer, el exdirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades.

“No tengo cuentas en el extranjero”, dijo antes de huir. “No tengo propiedades”.

A finales de octubre el PRI expulsó a Duarte y en noviembre la fiscalía federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos US$730 mil) por información que llevara a su captura.

En un comunicado el sábado por la noche, el Partido Revolucionario Institucional pidió que “se sancione ejemplarmente” a Duarte “así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva”.