Sperisen, quien en el momento de los hechos era director de la Policía Nacional Civil, está acusado del asesinato de esos prisioneros en la prisión de Pavón, más los de otros tres fugitivos ejecutados en 2005.
“La acción no fue ejecutada por la policía, Sperisen no dio ninguna orden ilegal”, afirmó Figueroa, quien señaló que no era “un testigo directo” y que “si fueron ejecutados o no, yo nunca vi”.
Figueroa reconoció en un video que se le mostró en la audiencia de hoy a un agente del ministerio del Gobernación, cuyo nombre no mencionó, abandonando el sitio donde presuntamente se cometieron algunos de los asesinatos que se le reprochan a Sperisen.
“A mi nadie me informó. Había un rumor que había muertos en esa área. Los policías hablaban de eso”, añadió Figueroa y dijo temer por su vida y la de sus familiares. “Mi seguridad está bajo responsabilidad del gobierno de Austria”, afirmó.
El ex ministro del Interior Carlos “Vielmann está contra mi”, aseguró Figueroa.
Vielmann se encuentra detenido en España por estos hechos y espera su juicio oral en Madrid.
Figueroa mencionó además la participación de varios asesores de las fuerzas de seguridad en los hechos, algunos con supuestos vínculos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como Víctor Rivera y los hermanos José Luis y Henri Danilo Benitez, todos ellos posteriormente asesinados en diferentes circunstancias.
“No voy a hablar de ellos”, dijo Figueroa, tras admitir que destruyó documentos secretos antes de abandonar Guatemala en 2007 y buscar asilo en Austria.
Sperisen, que tiene la doble nacionalidad suiza y guatemalteca, es juzgado en Ginebra porque la Confederación Helvética no extradita a sus ciudadanos, y porque la ley local obliga a juzgar a sus nacionales que hayan cometidos crímenes en el extranjero y se domicilien en Suiza.
Guatemala lanzó un pedido de captura contra Sperisen en 2010, pero desistió de pedir su extradición a Suiza.
Sperisen, de 41 años, se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Champ Dollon, en las afueras de Ginebra, un centro penitenciario para inculpados en espera de juicio y sentencia definitiva. “Es bien tratado, pero padece de diabetes. Necesita ciudados. Tiene problemas en la cadera. Está 23 horas por día en su celda y tiene solo una hora de paseo diaria”, indicó Florian Baier, uno de sus dos abogados.