Justicia

Falla intento de Juan de Dios Rodríguez por salir de la cárcel

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) implicado en actos de corrupción, falló en su intento para ser beneficiado con arresto domiciliario ante Víctor Cruz, juez Décimo Penal.

El expresidente del IGSS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez estuvo leyendo durante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El expresidente del IGSS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez estuvo leyendo durante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

“Esta judicatura resuelve no otorgar las medidas que solicitó el sindicado”, explicó el juez, con lo que Rodríguez seguirá en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

Rodríguez solicitó a comienzos de este año la revisión de medidas de coerción y el juzgador Cruz escuchó su petición, centrada en cartas de recomendación de familiares y conocidos de Rodríguez.

Otro de los argumentos usado por Rodríguez fue la audiencia el 9 de febrero, cuando el juez Cruz otorgó arresto domiciliario a la exjunta directiva del Seguro Social.

En esa oportunidad Rodríguez renunció a la petición y su argumento fue que lo haría en otra oportunidad.

En la judicatura se conoce la investigación relacionada en el caso IGSS-Ambulancias.

Los representantes del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) le recordaron al juez que Rodríguez fue condenado el 26 de septiembre del 2018 por el Tribunal Undécimo Penal en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula, un fraude de Q116 millones por la atención de pacientes renales del Seguro Social.

Rodríguez cumple la pena de seis años y tres meses de prisión.

Etapa intermedia

El caso Igss-Ambulancias se presentó en marzo del 2017 y señaló a los exmiembros de la Junta Directiva de haber autorizado el arrendamiento irregular por US$30 mil –unos Q231 mil 709.80- de un edificio en la zona 9 capitalina.

Además, la acusación señala la sobrevaloración de 50 ambulancias para esa entidad -Q880 mil- y la compra, sin justificación, de un sistema informático valorado en Q250 millones.

Este proceso está en la etapa intermedia, donde se discutirá si los implicados enfrentarán debate por los delitos de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.

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