Esto ocurre en un contexto político en el que el Congreso cuenta con dos dictámenes para reformar el modelo de prisión preventiva para que sea la excepción y no la norma, y el hacinamiento en prisión supera el 300 por ciento.
Los juzgadores que han avalado los beneficios son Claudette Domínguez y Miguel Ángel Gálvez, titulares del Juzgado de Mayor Riesgo A y B, respetivamente, y Fredy Ariel Leonardo Hernández y María Mercedes Rodríguez, jueces suplentes de Mayor Riesgo B.
Durante las audiencias fue común escuchar a los jueces recordar que todas sus resoluciones son impugnables ante un órgano superior, es decir, que las partes interpongan apelaciones en las dos Salas de Mayor Riesgo, algo que solo le correspondería al MP y la Cicig.
Gálvez en más de una ocasión: “Están en libertad de impugnar la resolución, no hay ningún problema”.
Los motivos para solicitar el excarcelamiento son varios. En su mayoría es por salud de las personas, pero hay otros que han reclamado que el tiempo en prisión preventiva ya supera eventuales condenas, según los delitos que se le atribuyen a los procesados; otros son motivos de trabajo.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad, que acusa en todos estos casos, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que actúa como querellante adhesivo, se opusieron a todas las medidas de coerción que fueron modificadas de prisión preventiva a arresto domiciliario. Los argumentos variaron, pero se centraron en afectar y hasta influir en los testigos, lo que podría constituir una obstrucción a la averiguación de la verdad. Las acciones de impugnaciones están en las salas de Apelaciones a la espera de una resolución. Mientras tanto, los procesados gozan del excarcelamiento con las condiciones que impongan los jueces.
Posturas
El abogado José Luis Farfán, directivo de la Asociación Guatemalteca de Derecho Penal y Criminología, consideró que existe un principio de publicidad de los casos para que la población pueda enterarse de lo que sucede en cualquier proceso. “Sobre la base del principio es indudable que la población va a estar pendiente de lo que pasa, pero esa publicidad no significa que se va a limitar ciertas garantías del individuo porque no hay casos pequeños ni grandes. Es simplemente una imputación de la posible comisión de delitos”.
El penalista señaló que aun cuando sea detenida y ligada a proceso, la persona es inocente, según el derecho constitucional de presunción de inocencia, hasta que sea declarada responsable judicialmente.
Luis Mérida, abogado con más de 20 años de experiencia en el área penal, analiza que hay privados de libertad que están siendo sindicados por delitos cuya pena ya sobrepasó la mitad de años de cárcel en el eventual caso de sean hallados culpables en juicio, una instancia a la que ninguna de ellos ha llegado.
“Entonces, si son condenados, podrían salir anticipadamente de prisión o por conmuta. Esto significa que no existe la necesidad de tenerlo en la cárcel”, expuso.
El jurista cree que es difícil que, una vez fuera de prisión, las personas quieran influir en testigos para su beneficio. También observó que ha sido en la etapa preparatoria -antes del inicio de debate- cuando los procesados han sido beneficiados con arresto domiciliario.
“No creo que puedan afectar en los testigos. El Ministerio Público presenta su acto conclusivo con todos los medios de investigación, cuya mayoría son documentales. Ahora, en relación con los testigos, ya no pueden ser afectados debido a que la prohibición a los procesados se le impone a acercarse a ellos. Considero que la persona que ha estado detenida en forma preventiva no va a arriesgarse a volver al centro de detención por ir a amedrentar a un testigo o perito”, comentó Mérida.
Beneficiados
En el caso La Línea gozan de arresto domiciliario Osama Ezzat Aziz Aranki, supuesto integrante de la estructura externa; Geovani Marroquín Navas, el enlace entre las estructuras; Francisco Javier Ortiz Arreaga, el Teniente Jerez; quien también está procesado en el caso Bufete de la Impunidad; Byron Antonio Izquierdo, de la estructura externa; y Sebastián Herrera Carrera, quien fue jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Una resolución que fue cuestionada por el ente acusador fue el arresto en la Guardia de Honor al general Erick Fernando Melgar Padilla, implicado en el caso Manipulación de Justicia, quien espera ser citado para la audiencia de primera declaración.
En el caso TCQ gozan de medida Gustavo Martínez, quien fue secretario del expresidente Otto Pérez Molina -a la espera de un debate por el caso La Línea-, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal.
El 12 de septiembre del 2018 fue beneficiada la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP) Daniela Beltranena quien fue asistente personal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti -condenada el año pasado a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica-. Beltranena está procesada en el caso Cooptación por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
También gozan de arresto Carlos Batzín, exministro de Cultura y Deportes; Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS); el auditor Mario Rodolfo Contreras Díaz, quien llevó la contabilidad del expresidente Otto Pérez Molina; Óscar Ludwing Osorio Ovalle, quien dirigió el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), entre otros. Además, el empresario Gabriel Guerra Villeda, quien dejó la prisión después de una audiencia en reserva el viernes recién pasado.
La jueza Domínguez otorgó arresto domiciliario a Suhairam Stu Velasco Crispín, implicado en el caso Infiernito, sobre tortura y ejecución extrajudicial de reos; también benefició al exdiputado Alfredo Rabbé la semana pasada mediante fianza de Q400 mil.
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Caso La Línea
| Nombre | Fecha de excarcelamiento | Fecha de detención |
|---|---|---|
| Gilda Marina Maldonado García (técnica aduanera) | 20.6.2018 | 16.4.2015 |
| Melvin Gudiel Alvarado de León (administrador de Puerto Quetzal) | 20.6.2018 | 16.4.2015 |
| Carlos Ixtuc Cuc (técnico aduanero) | 20.6.2018 | 16.4.2015 |
| Osama Ezzat Aziz Aranki (estructura externa media) | 12.6.2018 | 16.4.2015 |
| Sebastián Herrera Carrera (jefe de Recursos Humanos de la SAT) | 12.6.2018 | 16.4.2015 |
| Edgar Armando Sac Coyoy (extecnico aduanero) | 12.6.2018 | 16.4.2015 |
| Juan Carlos Ávila Morales (técnico aduanero de la Aduana Puerto Quetzal) | 12.6.2018 | 16.4.2015 |
| José Antonio Gil Monterroso (vista aduanero) | 12.6.2018 | 16.4.2015 |
| Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras) | 6.2.2019 | 16.4.2015 |
| Francisco Javier Ortiz Arreaga (estructura externa) | 13.3.2019 | 16.4.2015 |
| Nazario Elpidio Arana Navas (vista de aduanas) | 13.3.2019 | 14.8.2017 |
| Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media) | 27.3.2019 | 16.4.2015 |
| Delfino de Jesús Morataya Coloma (estructura externa) | 27.3.2019 | 16.4.2015 |
Caso Manipulación de justicia
| Procesado | Fecha del arresto domiciliario | Fecha de captura |
|---|---|---|
| Erick Fernando Melgar Padilla | 28.8.2018 | 27.8.2018 |
Caso TCQ
| Procesado | Fecha de arresto domiciliario | Fecha de detención |
|---|---|---|
| Gustavo Martínez (exsecretario privado del expresidente Otto Pérez) | 12.9.2018 | 9.7.2015 |
| Mario Ruano San José (exsecretario privado del exmagistrado Douglas Charchal) | 12.9.2018 | 15.4.2016 |
| Lázaro Noé Reyes Mata (exsindicalista) | 12.9.2018 | 15.4.2016 |
| Douglas Charchal (exmagistrado de la CSJ) | 25.9.2018 | 2.9.2016 |
Caso Cooptación
| Procesado | Otorgan arresto | Detenido |
|---|---|---|
| Daniela Beltranena (exdiputada) | 12.9.2018 | 15.6.2016 |
| Miguel Ángel Martínez Solís (exsubsecretario de la SAAS) | 3.10.2018 | 2.6.2016 |
| Mario Rodolfo Contreras Díaz (contador de Baldetti y Pérez Molina) | 26.10.2018 | 2.6.2016 |
| Juan Carlos Salguero Barrientos | 26.10.2018 | 2.6.2016 |
| Óscar Ludwing Osorio Ovalle (exdirector del Fonades) | 4.2.2019 | 2.6.2016 |
| Héctor Hugo Solano Morales (contratista) | 4.2.2019 | 2.6.2016 |
| Carlos Batzín (exministro de Cultura) | 7.2.2019 | 11.8.2017 |
| Gabriel Guerra Villeda (financista) | 5.4.2019 | 12.10.2016 |
Delitos
| Delitos | Pena de prisión |
|---|---|
| Ejecución extrajudicial | 25-30 años |
| Asociacion ilícita | 6-8 años |
| Cohehco activo | 6-8 años |
| Cohehco pasivo | 6-8 años |
| Financiamiento electoral ilícito | 5 años |
| Lavado de dinero u otros activos | 6-20 años |
| Abuso de autoridad | 1-3 años |
| Tráfico de influencias | 2-6 años |
| Enriquecimiento ilícito | 5-10 años |
| Fraude | 6 meses - cuatro años |
| Obstrucción de justicia | 6-8 años |
| Caso especial de defraudación aduanera | 2-4 años |
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