La resolución fue dictada por el juez Mynor Moto, luego de que el ente investigador se abstuviera de la persecución penal por las declaraciones de Eco que facilitaron las investigaciones.

El fallo fue amparado en el artículo 25 del Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público abstenerse de la persecución Penal.

González fue admitido para colaborar con la fiscalía en mayo de este año, proceso en el que figura la jueza Martha Sierra de Stalling, por facilitar procesos en forma paralela a la justicia.

“El Ministerio Publico y mis abogados apelaron por esta medida. Tengo un período de un año en el que no debo tener ningún contacto, relación, acercamiento con los otros sujetos procesales”, afirmó González.

• Artículo 25 del Código Procesao Penal: Criterio de Oportunidad El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.

Negocios bajo la mesa

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling. Según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, reveló el jefe de Cicig al comienzo del proceso.