Las sentencias, declaradas en abril y mayo últimos, ordenan a varias instituciones que tomen 25 medidas de reparación, para crear oportunidades y un protocolo de políticas públicas de seguridad alimentaria.

Carmen Reina, de la campaña Guatemala Sin Hambre —conglomerado de organizaciones no gubernamentales que acompañó a las familias que promovieron las denuncias hace año y medio—, expuso que el fallo es inédito porque por primera vez un juez decide condenar al Estado de Guatemala por omisión, por desatender la seguridad alimentaria.

Entre otras medidas, el Gobierno y las comunas deben facilitar vivienda, agua potable y otros servicios.

“La demanda fue interpuesta en contra del gobierno de la UNE a finales del 2011, pero la respuesta de la actual administración es la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero. Es una condena histórica que estamos asumiendo como Estado”, afirmó Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional.