Gálvez programó varias diligencias para los días del 18 al 29 de abril próximos, en las que oirá las peticiones de 25 de los sindicados del caso Cooptación del Estado de Guatemala, quienes buscan que se cambie la prisión preventiva que cumplen, por por medidas de arresto domiciliario y fianza, entre otras.

Los abogados defensores de los sospechosos han presentado memoriales en el Juzgado, en los que se agregan peticiones para cambiar los delitos por los cuales sus clientes enfrentan a la justiica.

Esas solicitudes fueron presentadas antes de que el Ministerio Público entregara el informe final de la investigación del caso, por lo cual deben ser resueltas antes de que se fije una fecha para comenzar la audiencia en la que se discuta si los acusados enfrentarán juicio o no, de acuerdo a lo pedido por el órgano investigador.

Caso

En la investigación, la Fiscalía ha determinado que los sospechosos pudieron haber incurrido en acciones como lavado de dinero, tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Se señala que durante las elecciones del 2007 se habría conformado una estructura de empresas de cartón que pudieron percibir recursos financieros que sirvieron para desarrollar la campaña electoral que el Partido Patriota efectuó en el 2011, año en el que la agrupación política triunfó en las urnas.

Esa estructura habría sido diseñada por la entonces diputada Roxana Baldetti, quien posteriormente compitió junto a Otto Pérez Molina por los cargos de vicepresidenta y presidente, respectivamente.

Al obtener los más altos cargos de gobierno, en el 2012, se habría negocido con diversas empresas para beneficiarles con contratos estatales a cambio de comisiones ilegítimas.

En ambos casos, tanto las empresas que financiaron la campaña como las que entregaban comisiones ilegales, fueron beneficiadas por las autoridades de turno.