Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, Solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le otorguen medidas de protección y garantías a su independencia judicial luego que ha recibido amenazas y coacciones luego de enviar a juicio a implicados en el caso denominado Diario Militar.

El documento que presentó el juez Gálvez, también solicita a la CSJ que se pronuncie por las acciones que se han tomado en su contra en el ejercicio de su función jurisdiccional por enviar a juicio a nueve implicados en el caso mencionado.

Hasta el momento el Organismo Judicial solo ha recibido la petición de Gálvez, la cual ingresó la mañana del 17 de mayo a Secretaría de la CSJ, pero los  magistrados primero deben conocer el documento y luego del análisis emitir un pronunciamiento.

El juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El pasado 9 de mayo, el juez Gálvez denunció que luego que el viernes 6 de mayo envió a juicio a implicados en el Diario Militar, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llegó a la oficina del juez Gálvez a expresarle su apoyo y el juzgador mencionó que Guatemala vive momentos difíciles y que la situación está bastante sensible, pero que ya se animaran a amenazar a un juez después de una resolución era más preocupante.

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez.

Ese día Gálvez dijo que haría del conocimiento de la CSJ las amenazas en redes.

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El 12 de mayo pasado, en una publicación de Prensa Libre, el juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.

Qué amenazas son y de dónde vienen

Consultado el procurador Jordán Rodas, el pasado 9 de mayo, sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana.

Apoyo al juez

El 10 de mayo, pasado la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Dicha asociación también manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el estado de Derecho.

El 17 de mayo pasado, varias organizaciones internacionales solicitaron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que tome medidas de protección para el juez Gálvez.

En la cuenta de Twitter de Due Procces of Law Foundation (DPLF), o Fundación para el Debido Proceso, se publicó un comunicado en donde ellos y las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York y Washington D. C., pedían dichas medidas de protección.

Ese día, también varias organizaciones civiles de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraban su respaldo al juez Gálvez e invitaban a una marcha el próximo 20 de mayo a las 10 horas frente al Ministerio Público.

Los representantes de las organizaciones informaron que el “Pacto de Corruptos”, ha cooptado la totalidad de instituciones del Estado y ha emprendido una campaña de criminalización hacia el juez Gálvez y más de 20 operadores de justicia en Guatemala, que han sido encarcelados, procesados o están en el exilio.