“Como tribunal la respetamos porque viene de un órgano jurisdiccional de alta jerarquía. Sin embargo, no la compartimos” , señaló la jueza, después de impartir una conferencia sobre la imprescriptibilidad en los convenios internacionales,
Esta mujer menuda vestida con un sobrio traje azul asegura que sigue trabajando de manera cotidiana en su país pese a que desde junio cuenta con custodia permanente a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida de protección por las amenazas recibidas.
“Soy una persona honrada, soy una juez de mi país y no tengo porqué abandonarlo” , manifestó Barrios, limitándose a decir que medios de comunicación guatemaltecos hicieron una campaña sistemática contra el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A que ella preside, de cuya sentencia más conocida la magistrada habla poco pero de manera firme.
El pasado 10 de mayo Barrios condenó junto a los jueces Pablo Xitumul y Patricia Bustamante a Ríos Montt, de 86 años, a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad por la masacre a manos del Ejército de mil 771 indígenas mayas-ixiles en Quiché, durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
Pero unos días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia, considerada como un paso histórico en la lucha contra la impunidad en su país, aduciendo fallos en el debido proceso.
Cuando se le pregunta a Barrios sobre el hecho de haber sentado un precedente con su sentencia que convirtió a Ríos Montt en el primer exdictador de América Latina condenado por genocidio y por un tribunal de su mismo país, la magistrada repite: “Mi trabajo es administrar justicia, todos los días me tocan debates, tenemos procesos en los que tenemos que llegar a un fallo. Es parte de mi trabajo cotidiano” .
El pasado 4 de junio, luego de que Barrios, Xitumul y Bustamante se excusaran de retomar el juicio que la Corte Constitucional les devolvió argumentando que ya habían emitido una opinión, fue designado un nuevo tribunal para reiniciar el juicio por genocidio contra el exdictador aún sin fecha.
Aunque dice desconocer el rumbo que tomará el proceso contra Ríos Montt, la jueza Barrios considera que la sentencia que ella y su tribunal dictaron “es parte de la solución en el sistema de justicia de Guatemala” .
El gobierno de facto de Ríos Montt, en el poder entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue uno de los más cruentos de la guerra civil en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
