Antes de conocer el fallo, la acusada pidió excluir del proceso a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero la solicitud fue rechazada por Darwin Porras, titular de dicho juzgado.

El 24 de septiembre de 2015, el juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, decidió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Reinoso Trujillo luego de analizar los argumentos de las partes involucradas.

La juzgadora fue sindicada de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.

Esos delitos le fueron imputados el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente.

Además, el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo al nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios.

Investigación

La pesquisa del Ministerio Público (MP) señala que los estados de cuenta de Reinoso Trujillo reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio, del cual se desconoce su origen y concepto.

La fiscalía detectó depósitos de dinero en efectivo y en cheques a sus cuentas bancarias, efectuados por terceros.

Afirma que algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dinero que nunca ingresó a sus cuentas bancarias.

En los registros de la Contraloría General de Cuentas (CGC) solo se encuentra una declaración jurada patrimonial, con fecha de 2004, a pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los últimos años.