La resolución de la jueza Carol Patricia Flores fue emitida el pasado martes e indica que la prisión preventiva fue decretada por el delito de motín de presos.

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“Con el reingreso de los adultos a Etapa 2 se pone en riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos, de la seguridad, la integridad y el derecho a la vida de los adolescentes”, indicó el subsecretario.

Molina se basa en que las características de un centro juvenil, como el de Etapa 2, no reúne las condiciones para que alguna persona cumpla con prisión preventiva. “Solicitamos la reubicación de los 43 adultos a un centro para mayores de edad”, pidió el funcionario.

El motín se originó porque los 43 señalados querían tomar el control del centro, exigían que se les entregara a nueve privados que abandonaron la pandilla y querían nombrar al jefe de monitores, entre otras peticiones. Los destrozos provocados por el motín del lunes incluyen daños en los dormitorios.

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El riesgo para los menores, indicó Molina, se basa en que los mayores de edad amenazan de muerte, de forma constante a los adolescentes y al personal del centro juvenil.

Un año después

Los disturbios en el centro Etapa 2 son constantes: el 4 de junio pasado, ocurrió un suceso cuando 44 internos que cumplían condena en el Preventivo para Varones, de la zona 18, regresaron al lugar.

El reclamo de los 44 fue hacia el resto de internos que no participó en un motín ocurrido en marzo del 2017, cuando mataron a cuatro monitores.

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