Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, dijo que la coordinación entre el Organismo Judicial (OJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Ministerio Público (MP) contribuyen a hacer un mejor trabajo, pero es en un nivel superior en donde se toman las decisiones sobre los cambios reales.

“El sistema de justicia debe entenderse como un engranaje. Si alguna de las instituciones falla, los procesos se detienen y perjudican”, advirtió Godoy.

La abogada Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explicó que el Ministerio de Finanzas y el Congreso deben tener claras las necesidades de los recursos fiscales que manejan las instituciones encargadas de la justicia.

“Para eso se requiere que cada una explique qué tipo de necesidad y cuál es la urgencia que se tiene”, expuso Escobar.

Necesidades

Héctor Hugo Pérez Aguilera, presidente de la CC, expresó que este organismo requiere del doble del personal técnico del que posee, pero que el presupuesto impide hacer más contrataciones.

“La cantidad del personal que tiene la CC es sumamente reducido. En esa cifra se incluye hasta a los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes. Otra desventaja es que operamos desde la capital y recibimos trabajo de toda la república”, aseguró Pérez Aguilera,

Según Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, aún falta que el Ministerio de Finanzas entregue Q150 millones del presupuesto del 2013, que servirán para pagar deudas adquiridas.

“Requerimos hacer una ampliación del personal encargado de hacer las investigaciones, especialmente en las fiscalías de Sección y en el Modelo de Atención Integral a la víctima”, aseguró Monterroso.

Fernando García Rubí, director técnico profesional del IDPP, afirmó que la cantidad de abogados que laboran en esa institución es mínima en relación con los casos que tramitan.

“Cada uno de los litigantes contratados por el IDPP tramita un aproximado de cien casos. La mayoría permanecen con libertad condicional. Cuando están en prisión nos toca visitarlos para definir una estrategia de defensa”, expuso García Rubí.

Roberto Garza, vocero del Inacif, indicó que una mayor asignación presupuestaria permitiría la compra de equipo y contratación de más personal para atender la demanda.

Se buscó la opinión de José Arturo Sierra, presidente del OJ, pero no contestó su teléfono móvil.

Presupuesto y  personal son las limitantes

Las instituciones del sector justicia ven como una necesidad la ampliación de fondos.

En la Fiscalía laboran cuatro mil 912 personas, en las áreas fiscal, de investigación y administrativa.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuenta con una planilla de 720 personas: 500 en el área de clínica y 220 en lo administrativo.

En el   Instituto de la Defensa Pública Penal trabajan mil 382 personas: 163 abogados litigantes, y el resto entre directivos, coordinadores y administrativos.

En total,   la CC emplea a 265 personas.

Q1,000 millones es la asignación presupuestaria del Ministerio Público.

Q126 millones fue el monto otorgado al IDPP durante este año.

Q142 millones fue asignado como presupuesto para el Inacif.

Q74 millones fue el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad.

Planilla

Presupuesto mínimo

Héctor Hugo Pérez Aguilera, presidente de la CC, dijo que la mayor parte del presupuesto que les asignan  se usa en el pago de la planilla, lo cual impide que se pueda hacer contratación de personal para tramitar los expedientes que ingresan.

Servicio

Aumentar personal

Javier Monterroso, del MP, indicó que una necesidad para la Fiscalía es la ampliación del personal que labora en las áreas de Atención a la Víctima y fiscalías, como la del Crimen Organizado, contra la Corrupción, Delitos contra la Vida y de la Mujer.

Casos

Nuevas contrataciones

Fernando García Rubí, director  del IDPP, explicó que cada uno de los abogados de esa institución litiga unos cien casos en el área penal, por lo cual se requiere al menos la contratación de 150 profesionales más  como litigantes permanentes.