Blanco fue despojado de su inmunidad el pasado miércoles por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que el juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola había recomendado no retirarle esa protección.

Según la investigación, la UNE no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q2 millones 216 mil 850 utilizados para el pago de transporte aéreo durante la campaña electoral, cuando Blanco era el secretario general de la agrupación.

La medida de arraigo contra el legislador fue solicitada por la Fiscalía de Delitos Electorales para garantizar su permanencia en Guatemala mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.

Según el MP, los servicios de transporte aéreo fueron prestados por la empresa Helicópteros de Guatemala S.A. en favor de varios candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Torres, Carlos Barreda, Mario López y Orlando Blanco.

La investigación del MP y la Cicig determinó que las empresas Maariv, S.A. — Q583 mil 730.01 — y Bienno, S.A. — 1 millón 332 mil 875.05 — no pagaron por ese servicio como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.

Cuando se conoció la recomendación del magistrado Galván Casasola de no retirarle la inmunidad a Blanco, no se revelaron los argumentos de su decisión aunque se le preguntó al mismo diputado.

“El problema es que  me involucran a mí por haber sido el secretario del partido en funciones — en el 2015 —. Yo no era el responsable de las decisiones. Ahora toca dar la cara”, dijo Blanco en una entrevista con Prensa Libre en agosto del año pasado.

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