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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, explicó que debido a la negativa de que se conocieran en un juzgado de alto impacto los procesos, fue necesario interponer una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), quien al final le ordenó a la Cámara que hiciera el traslado.
“Al conocer en apelación el pleno de la CSJ decidió declarar con lugar el recurso planteado contra lo resuelto en su momento por la Cámara Penal, y en ese sentido, deberá de tramitarse la causa en el Juzgado de Mayor Riesgo A”, explicó el fiscal.
Sandoval señaló que el argumento que se planteó para hacer la petición de trasladado fue “fundamentalmente el hecho que algunos de los delitos investigados se encuentran contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y por ende son de mayor riesgo”.
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“En segundo lugar está el tema que solo en Tribunales de Mayor Riesgo se garantiza la seguridad para los sujetos procesales involucrados”, explicó el fiscal.
Agregó que en ese sentido la CSJ tomó en cuenta diversas situaciones, como el hecho de que una de las persona integradas en el caso Traficantes de Influencias, como es Geovanni Marroquín Navas, también figura como procesado en el caso La Línea.
“Se pudo establecer en una de estas audiencias amenazas que esta persona —Marroquín Navas—había proferido a uno de los mandatarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, explicó el fiscal.
Sandoval además explicó que los casos eran un sola causa que estaba en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, que estaba a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz, quien deberá trasladar los expedientes del proceso a la judicatura de Domínguez.
Casos
El 24 de enero del 2018 el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), revelaron cómo operó una red de corrupción en la SAT que se habría beneficiado con el cobro de comisiones ilícitas de unos Q19 millones.
Las coimas servían para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal y en dicha estructura participaron varios exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.
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A este caso se le llamó Traficantes de Influencias y el caso derivo de una de las líneas de investigación del caso La Línea.
De la misma forma, el MP y la Cicig en el 2016 revelaron una investigación por defraudación tributaria en la SAT que tocó a una de las principales compañías productora de metales del país, Aceros de Guatemala S.A.
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La fiscalía señaló a la empresa de defraudar al fisco por Q255 millones entre enero de 2006 y enero de 2009, lo cual lo habría logrado mediante influencias y sobornos a funcionarios de la SAT.
El pasado 6 de febrero la Feci presentó un caso de supuesto financiamiento anónimo por Q19.5 millones del partido UNE en la campaña electoral del 2015.
Por este caso se hizo una solicitud de antejuicio en contra de la candidata a la presidencia Sandra Torres y los diputados Karina Paz Rosales, Jairo Flores, Julio Ixcamey y Jorge Estuardo Vargas, y a los alcaldes Ángel Guarcas, de Chiché, y Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, ambos municipios de Quiché.
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