La juez suplente, Melida Vásquez, envió a prisión preventiva a Alejandro Enrique Toledo Paz y a Juan Pablo Muralles, y dejó en libertad bajo fianza de Q35 mil a otros nueve implicados en el caso denominado “Negociantes de la Salud”.  

Los nueve que fueron beneficiados saldrán en libertad de no existir alguna apelación por parte del Ministerio Público (MP) o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

Vásquez fijó dos meses para que el MP presente las conclusiones de la investigación y la acusación formal contra los 11 sindicados.

Durante la audiencia, la juzgadora explicó que Toledo Paz, uno de los señalados, sería el “corazón” de la estructura que operó en el IGSS. 

También dijo: “Las escuchas son elocuentes, cómo se habla de negocios para recetar (medicinas)”, dijo la jueza.

Así los ligó a proceso:

• Alejandro Enrique Toledo Paz, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
• Juan Pablo Muralles Morán, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
• Hugo René Navas Bonilla, asociación ilícita y cohecho pasivo.
• César Estuardo Hernández Monroy, asociación ilícita y cohecho pasivo.
• Estrada Morales, ligado por asociación ilícita. En este caso la jueza dijo que no encontró indicios para ligarlo por cohecho pasivo.
• Carlos Enrique Palma Carranza, ligado por asociación ilícita.
• Noguera Sagastume, asociación ilícita.
• Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, asociación ilícita.
• José Rafael Arreaga Fuentes, asociación ilícita y cohecho activo.
• José Rodolfo Barrientos Montepeque, asociación ilícita y tráfico de influencias.
• Mateo Ramazzini Menéndez, asociación ilícita. 

Investigación evidencia negocios en el IGSS

Empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y particulares, eran parte de cuatro sectores relacionados para concretar la venta de determinado producto o servicio y beneficiar a la estructura denominada Negociantes de la Salud, según una investigación revelada el pasado 27 de octubre por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). 

Según las pesquisas algunos proveedores acudían a los operadores para procurar la venta de su producto o servicio al Seguro Social.

Los operadores, después de recibir el requerimiento, acudían a los funcionarios periféricos que eran técnicos o profesionales del IGSS, trabajadores de algunas de las unidades de atención a los pacientes y que podían modificar el listado básico de medicamentos.

Los funcionarios periféricos entonces hacían lo que se denominó “mover códigos”, es decir cambiar en el listado básico los productos para incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las unidades del IGSS.
Los operadores también acudían a los funcionarios centrales, trabajadores del IGSS que se desempeñaban en las unidades administrativas, desde donde podían intervenir en la generación, desarrollo, supervisión y decisión de los procesos de adquisición. Con estas visitas, lograban manipular las compras.

Otros proveedores recurrían directamente a los funcionarios centrales para poder manipular los procesos de adquisición y favorecer sus productos o servicios.

Por efectuar esa actividad, lo operadores cobraban una comisión a los proveedores y luego compartían el dinero con los funcionarios periféricos y centrales.