Los sindicados son el subgerente de Prestaciones, Byron Arana; el médico Érick Noé Estrada, la jefa de farmacia, Patricia Juárez Fernández, y el director de la Consulta Externa,  Walter Linares Pacheco.

La audiencia de primera declaración comenzó el pasado martes  y este martes la titular de la judicatura, Silvia de León, resolvió procesar a los cuatro, en tanto corre el plazo para que el Ministerio Público amplíe las pesquisas.

En la audiencia los detenidos buscaron desvanecer los señalamientos de los fiscales al confirmar que ellos trabajaban para el IGSS, pero nunca se hubieran prestado para incurrir en irregulares

Ligados a proceso

• Byron Arana, por cobro de comisiones ilegales. Fianza de Q100 mil.

• Médico Érick Noé Estrada García, por asociación ilícita y  cohecho pasivo. Fianza de Q100 mil.

• Patricia Juárez Fernández, por asociación ilícita y cohecho pasivo. Fianza de Q100 mil.

• Wálter Linares Pacheco, por asociación ilícita y cohecho pasivo. Fianza de Q50 mil.

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Antecedentes

Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a los procesados se les vincula con el caso Negociantes de la Salud, una red que por medio de influencias sobre funcionarios, directores de hospitales y médicos, lograron adjudicaciones irregulares de medicamentos.

La estructura estaba integrada, entre otros, por Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz y Germey Alonzo Ramírez.

Linares ya había sido capturado el 24 de julio del 2015 por su  presunta participación al haber aprobado un contrato irregular relacionado con la droguería Pisa, que causó la muerte a decenas de pacientes renales, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El 27 de mayo del 2015, David Gaitán —entonces abogado de Acción Ciudadana, hoy de la Cicig— denunció a cuatro autoridades del IGSS, entre ellas a Arana González.

Gaitán dijo en esa ocasión que  la denuncia se sustentó en testimonios de pacientes renales del IGSS y de algunos de los familiares de quienes fallecieron por los servicios recibidos en la empresa Pisa.

Linares manifestó que desconocía por qué lo habían detenido. Arana respondió que trabajó durante 15 años en el Seguro Social y que todas sus acciones han sido transparentes.

Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus copartícipes”, según la comisión.