Este es un informe al Congreso de EE. UU. sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, según el Departamento de Estado.
En la Lista Engel de este 2022 fueron incluidos abogados, un exrector de la Usac y el actual jefe de la Feci, entre otros.
El 15 de julio pasado se difundió en plataformas digitales y redes sociales un documento que contendría el listado el cual incluía a funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Sin embargo, una fuente del Departamento de Estado había confirmado en esa ocasión que el documento aún estaba en revisión y todavía no era la versión final.
Aunque en el caso de Guatemala, el nombre y número de personas que fueron incluidos en el listado oficial sí coincide con el documento difundido anteriormente, no ocurrió lo mismo con El Salvador.
Medios salvadoreños informaron que en el listado oficial fue excluido Aeljandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, quien sí figuraba en el listado que circuló por plataformas digitales el pasado 15 de julio.
Guatemaltecos en la Lista Engel 2022
Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.
Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
También José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la Feci. fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según el Departamento de Estado.
Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos.
Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
Ramón “Moncho” Campollo Codina , actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual Directora del Instituto de Víctimas, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.
Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.
