El nombre de la magistrada fue mencionado el pasado 16 de abril por Luis Mendizábal, propietario de la boutique Emilio, cuando habló con Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, mientras planificaban la recaudación de dinero que serviría para el pago de fianzas.

Stalling dijo a periodistas que está dispuesta a que el órgano investigador comience las pesquisas correspondientes en contra de ella, para que se determine si en realidad era sobre ella de quien se referían Mendizábal y Ortiz.

Aseguró que comúnmente se suele confundir su nombre con el de su cuñada, la jueza octava penal, Marta Sierra de Stalling, quien controla el caso por defraudación aduanera, y quien supuestamente habría recibido un soborno de los supuestos jefes de la estructura delictiva, con la intención de beneficiarlos con arresto domiciliario.

Altos funcionarios

El caso de defraudación aduanera abrió paso para la investigación de funcionarios de gobierno y judiciales, debido a supuestos vínculos de estos con empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aduanas y empresarios que acordaban beneficios fiscales al introducir productos.

Entre los señalados se encuentra Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, quien fue destituido, y que podría ser el jefe de la red.

Además, le costó el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien el pasado 7 de mayo renunció a su cargo. Un día después, 149 diputados acordaron aceptar su separación del puesto.

La jueza Sierra de Stalling, contra quien se solicitó analizar el retiro de su inmunidad, para ser investigada por supuestamente haber recibido un soborno.

También a los exjefes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, quienes habrían permitido la operación de La Línea.

En manifestaciones masivas efectuadas los últimos fines de semana, se ha exigido la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, por inconformidades ante su gestión al frente del Gobierno.