Una moción firmada por la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo, solicita a la corte, en nombre de ambas partes, “suspender” lo programado en el proceso legal y fijar una audiencia de “estatus” para el próximo 12 de febrero.

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“Durante esas discusiones, el acusado ha explicado – y el gobierno le cree- que en algunos aspectos, resolver el asunto de la sanción económica se complica por el hecho que el acusado está bajo custodia”, reseña la moción.

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Detalla que en ese sentido “las partes han llegado a un principio de acuerdo” sobre las condiciones de la libertad bajo fianza del dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 y 2015).

Este incluiría “un alto valor” de la fianza en sí, además de un depósito en efectivo y restricciones de viaje.

Antes de ser acusado de lavado de dinero, Baldizón estuvo retenido en un centro de migrantes de Miami desde enero pasado, a la espera de ser deportado a Guatemala tras renunciar a la petición de asilo que había hecho tras su detención.

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El posible acuerdo de fianza señala que las partes aún “exploran cómo el estatus migratorio del acusado afectaría la posible fianza”.

Precisa que “la transferencia de la detención criminal a la migratoria no facilitaría la conclusión exitosa de este caso”.

Baldizón tuvo su primera comparecencia para la presentación de cargos el pasado 18 de septiembre ante la jueza Marcia G. Cooke tras ser entregado el día anterior por Inmigración a la Justicia criminal estadounidense.

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El fundador del partido cancelado Libertad Democrática Renovada (Lider) fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami el 21 de enero en razón de una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos.

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Baldizón había pedido asilo político en Estados Unidos tras ser detenido en enero, aunque luego rechazó apelar una decisión judicial que se lo había denegado en primera instancia.

El pasado 27 de agosto, Baldizón dijo en un anuncio pagado en los medios que había renunciado a seguir insistiendo en la petición de asilo a Estados Unidos “para poder comparecer ante la Justicia guatemalteca y aclarar” su situación jurídica. 

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