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La fiscal general María Consuelo Porras dijo este 18 de noviembre en rueda de prensa que la institución está actualmente confrontando el decreto aprobado por el Congreso y la propuesta de 2016 del sector justicia.
“El primer análisis concluye que hay muchísimos aspectos que distan de la propuesta del sector justicia”, dijo la jefa del MP.
Agregó, una vez el decreto sea publicado en el diario oficial -falta la sanción de la Presidencia de la República- para accionar legalmente contra aquellos aspectos que “desnaturalizaron” la propuesta y que sean contrarios a la ley.
Esa instancia estuvo conformada por el MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entre otras instituciones.
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La reforma aprobada el 12 de noviembre permitiría que las personas ligadas a proceso puedan obtener hasta 50 por ciento de reducción de condena si aceptan los delitos imputados por el MP.
Sin embargo, analistas y abogados han observado que queda abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.
Aparte, hay analistas que consideran que el sistema podría beneficiarse con una reducción de los tiempos procesales y aliviar la mora judicial.
Mientras tanto, diputados han mostrado unidad para ir por reformas al modelo de prisión preventiva.
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