La fiscal general Claudia Paz y Paz explicó en conferencia de prensa que los efectivos castrenses son sindicados de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y lesiones, por la muerte de pobladores de varios cantones de Totonicapán.

“Es la primera vez que se le imputan cargos a militares por reaccionar y participar en manifestaciones populares, desde la firma de la paz”, dijo la fiscal luego de haber señalado al coronel Juan Chiroy Sal como el principal responsable de la masacre.

Chiroy estaba a cargo de la tropa integrada por más de 80 efectivos del Ejército entre —personal de seguridad ciudadana y equipos antidisturbios—, que salieron esa mañana a las 9 horas de la capital, con instrucciones de apoyar a las Fuerzas Especiales Policiales (FEP).

El coronel Chiroy habría respondido a una orden del general Roel Clemente de León, comandante de la Guardia de Honor.

Los señalamientos se les imputan después de que evidencias fotográficas y de video revelaran que Chiroy abandonó a su tropa, minutos después de obviar instrucciones de las fuerzas civiles, que les recomendaron no acercarse al área de concentración, ya que no era conveniente involucrar a las fuerzas militares.

Kilómetros antes del lugar de la protesta se habían instalado dos contingentes policiales de la Comisaría de Totonicapán y de las FEP de la capital.

“Cuando identificó situación de riesgo, no se comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo más grave es que abandonó a su tropa y la dejó sin mando”, dijo Paz y Paz.

Organizaciones nacionales e internacionales criticaron la participación del Ejército en los disturbios, entre ellos el procurador de los Derechos Humanos, quien exigió al MP investigar la línea de mando militar.

El Alto Comisionado de la ONU dijo que “existen elementos relevantes para considerar que las muertes podrían comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria”.

En tanto, Francisco Dall’Anese, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sugirió al presidente Otto Pérez Molina promover una reforma legal para prohibir la participación de militares en tareas de seguridad pública.

Capturados

Los soldados detenidos fueron identificados como Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.

Los dos últimos son sindicados por ejecución extrajudicial consumada. Contra Lima Vásquez existen evidencias gráficas de que en el lugar apuntó contra los pobladores.

En el caso de Agustín Vásquez, el informe forense lo relaciona con el análisis de fragmentos balísticos que se encontraron en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández Menchú.

El resto fueron capturados por el mismo delito pero en grado de tentativa, al no poderse determinar si las balas de sus armas causaron la muerte de las víctimas.

El lugar del crimen fue investigado en un kilómetro a la redonda, y se analizan un total de 108 casquillos, 89 restos de bombas de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir, 12 fusiles galil y 69 informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Se estudian más de 50 imágenes y videos, así como 150 declaraciones.

Paz y Paz explicó que ocho armas fueron accionadas, pero no se ha podido establecer cuáles de ellas están relacionadas con las víctimas, pero especificó que las investigaciones continúan.

Además, se analizarán las lesiones de las víctimas sobrevivientes, para establecer si los fragmentos en las heridas son de perdigones u otros tipo de material.

También se tomará en cuenta la supuesta participación de un guardia de seguridad privada, quien pudo haber iniciado el ataque.

Los fusiles de los involucrados fueron verificados por el Inacif, luego de que el Ministerio de la Defensa indicara a quién pertenecía cada una de las armas.

Fuentes castrenses informaron que Chiroy tenía 25 años de alta en la institución. Desde hace cuatro años fue ascendido al grado de coronel, era el subcomandante del escuadrón de seguridad ciudadana y tenía bajo su mando a unos 500 hombres.

Los sindicados fueron detenidos en el cuartel de la Guardia de Honor, en donde permanecían desde el día de la masacre, y luego trasladados a la Torre de Tribunales. Luego fueron enviados a la cárcel militar Mariscal Zabala.

Para hoy a las 9 horas está programada la audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.