Guatemala

CC solicita más estudios para emitir fallo en caso de Minera San Rafael

La Corte de Constitucionalidad (CC) solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.

La mina San Rafael está ubicada en San Rafael las Flores, entre Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

La mina San Rafael está ubicada en San Rafael las Flores, entre Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

La CC expuso que durante el análisis que han efectuado se ha visto la posibilidad de que habite población indígena en el área de influencia del proyecto de la Minera San Rafael. 


El secretario del Máximo Tribunal, Martín Guzmán, expuso que  son necesarios informes y estudios antropológicos para emitir una resolución apegada a derecho sobre la mina.

El estudio fue solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle

Las tres entidades deben llevar a cabo los estudios de manera separada.  La Corte dio un plazo de 15 días para entregar el informe. Sin embargo, también aclaró que si estas entidades ya poseen una investigación de este tipo no hay necesidad de que efectuén otra. 

La resolución fue aprobada por unanimidad este miércoles pero se notificará hasta este jueves (8 de marzo) porque están esperando los dos votos razonados de los magistrados Henry Philip Comte Velásquez y María de los Ángeles Araujo Bohr.

El secretario de la CC explicó que mientras reciben y analizan la información solicitada y el caso, dicha corte mantiene la suspensión provisional de las licencias.

Guzmán explicó que los requerimientos se fundamentan “en los criterios objetivos y subjetivos definidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y que favorece directamente a la continuidad histórica de los pueblos”.

La Corte de Constitucionalidad señaló que la complejidad del caso sobre la Minera San Rafael es un factor que no ha permitido que los magistrados puedan emitir una sentencia sobre este.

Más información

El Máximo Tribunal también solicitó al ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos, y de Salud más información sobre la emisión de licencias para la Minera San Rafael, así como los controles que han efectuado en temas ambientales, incluyendo estudios del agua.

Aclaró que para presentar esa información se tienen de 10 a 15 días, pero que, a partir de ese lapso, se tomarán el tiempo que consideren prudente para emitir una sentencia.

Uno de los puntos debatidos por parte  la entidad propietaria de la minera es el hecho de que no se formuló consulta en el área porque no hay asentamiento de población de etnia Xinca en determinadas áreas donde opera la minera “sin embargo de acuerdo a lo que se pudo advertir en el análisis del expediente hay algunas opiniones técnicas que se incorporaron como medio de comprobación que dan cuenta de que sí existen asentadas en asentadas en el área, lo que denominan el área de influencia algunas comunidades indígenas”. “Se habla de la comunidad indígena de la etnia Xinca sin embargo aquí la corte no está concentrando la determinación de esa etnia sino que está requiriendo que se haga un estudio antropológico en el área, especialmente en el  municipio de San Rafael Las Flores, en el sentido de determinar si ahí hay asentamiento de poblaciones indígenas de cualquier etnia”.

“Según se pudo determinar en algunos estudios que aparecen dentro del expediente sí hay asentamientos o comunidades ahí asentadas, entonces la Corte con el objeto de reforzar la información que ya aparece en el expediente pide de dos entidades especializadas ese estudio antropológico” declaró Guzmán.

La corte determinó un área de influencia y aparte de esto, y me parece que en algunas otras localidades que están en el área de influencia de las operaciones de  minera San Rafael sí se llegó a determinar el asentamiento de poblaciones indígenas, aunque no pudo identificar cuáles.

En julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

En octubre del 2017, representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) presentaron ante la CC el recurso Amicus Curiae o Amigo de la Corte, dentro de ese proceso constitucional de amparo para el caso de Minera San Rafael, que busca reanudar operaciones de la empresa.

En febrero del 2018, la Asociación de Empleados de Minera San Rafael presentó también un recurso ante esa corte para que resuelva la situación en definitiva de esa compañía.

Sin embargo, la tardanza de la CC ha extendido más el peligro latente de un estallido de conflictos, según expertos.

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