Las acusaciones contra Ligorría las presentó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado 14 de julio, día en que allanaron un apartamento dentro de un edificio de la zona 14, la supuesta residencia del exembajador que desde entonces estaba prófugo de la justicia.
Según las pesquisas presentadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Ligorría habría sido un actor clave en la obtención de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero u otros activos, por lo que se habría ordenado su captura.
El 13 de junio de 2018 la Audiencia Nacional (AN) de España denegó la extradición de Julio Ligorría al considerar que los hechos de los que le acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en el derecho español, que es el tipo penal por el que se pide la entrega, y no concurre así el requisito de doble incriminación. Aquí la noticia publicada por Prensa Libre al respecto: https://bit.ly/3BItHz6
La misma entidad (AN) ordenó el 5 de septiembre de 2018 que se procediera al archivo definitivo del procedimiento de extradición, según consta en documentación enviada a Prensa Libre por una firma de abogados contratada en España por el señor Ligorría.
Capturado en España
Ligorría fue capturado el pasado 26 de septiembre en Madrid, por el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales, con base a una solicitud que el MP había activado ante la Policía Internacional (Interpol).
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Ligorría tuvo que comparecer ante el juez español Fernando Andreu, quien decidió dejarlo en libertad condicional, bajo el mandato que el exembajador debe comparecer cada 15 días ante el juzgado.
El juez argumentó que la decisión se debía a que la Fiscalía de España no consideró como opción el pedir prisión, porque aún se esperaba la solicitud formal de extradición, la que calificaron de medida desproporcionada, debido al arraigo dictaminado en España, país del cual también goza de nacionalidad.
Por su lado, la medida no fue mal vista por el MP. El fiscal Juan Francisco Sandoval dijo que no veían riesgos en la decisión del juez, puesto que las medidas sustitutivas son comunes en ese país.
