El juzgado aceptó la solicitud de Méndez y autorizó 14 de 21 diligencias propuestas por la exfuncionaria, con lo que ella busca que la Fiscalía de trámite a las pruebas que podrían establecer que no se involucró en la Línea.

Previo a la orden del juzgado, el Ministerio Público se opuso a lo solicitado por la exintendente.

Las pruebas que no se investigarán, pues no fueron aceptadas por la jueza a cargo del caso, son informes telefónicos, perfil económico de la sindicada y prueba de polígrafo.

Méndez también pidió que se requiera información sobre revisiones a las aduanas a la Superintendencia de Administración Tributaria y recordó que colaboró con el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La exfuncionaria no quiso responder cuando se le cuestionó sobre los Q5 millones que supuestamente le entregó Salvador González, alias Eco, por su colaboración con la Línea.

Defensa constante

La exintendente fue ligada a proceso el 22 de septiembre de este año señalada de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y fue enviada a prisión preventiva a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18.

Los delitos imputados a Méndez son los mismos por los que se sindica al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Al ser enviada a prisión, la exfuncionaria aseguró que fue utilizada, lloró y aseguró que su vida estaba en peligro por haber colaborado con la investigación.

Méndez renunció al derecho de secreto bancario y entregó al juez sus estados de cuenta, además de otros documentos de transacciones monetarias, cuentas de ahorro y sus declaraciones patrimoniales desde 2013.