Justicia

MP pide condena de 8 y 11 años para hijo y hermano del presidente Jimmy Morales

El Ministerio Público (MP) solicitó 11 años de prisión para Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, y ocho años para el hijo del mandatario, José Manuel Morales Marroquín, ambos procesados por el caso Botín Registro de la Propiedad.

Tribunal donde se lleva  acabo el juicio contra el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón).

Tribunal donde se lleva acabo el juicio contra el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón).

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) pide que el hijo del presidente Morales reciba condena por fraude en forma continuada.

Mientras que, para el hermano del mandatario la Fiscalía solicitó se le condene por fraude y lavado de dinero. Para Samuel Morales el MP también pide una multa de Q179 mil.

Para Gladys Anabella de León Ruiz, el MP solicitó 7 años y 6 meses años de prisión aumentada en una tercera parte por ser delito continuado, es decir en total 10 años de prisión inconmutables, multa de Q50 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.

Este caso de corrupción se registró en el Registro de la Propiedad cuando la institución estaba al mando de De León.

Argumentación

Después de tres días de conclusiones en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, De León finalizó al solicitar las penas mínimas para los acusados, aunque como el delito es en forma continuada, recalcó que se imponga la condena aumentada en la tercera parte.

“Honorable tribunal, los acusados son responsables de los delitos como autores, sustrayendo y permitiendo que se sustrajeran fondos públicos. El actuar de los funcionarios en contubernio con particulares es lo que se les reprocha”, explicó el fiscal.

Un detalle de la pena que solicitó el fiscal para los acusados es que los años de prisión no sean conmutables, es decir, que no se pueda pagar un monto por cada año si son culpables.

Al final recalcó el prefacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): “La corrupción socava las instituciones, la democracia y el estado de Derecho. Este fenómeno se da en todos los países, pero sus efectos son devastadores en el desarrollo”.

De León añadió: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión”.

“Está en sus manos señores juzgadores impartir justicia”, concluyó el fiscal.

Solo Sammy Morales se pronunció respecto a la petición que hizo el fiscal durante la audiencia 108 desde que comenzó el debate el 30 de agosto del 2017. “¿Qué puedo decir? Me he convertido en el mejor producto de mercadeo del Ministerio Público y de la Feci. El fiscal tiene el derecho constitucional de petición”, dijo.

Detalles del caso

La acusación está centrada en 16 plazas fantasma que supuestamente avaló la exregistradora Anabella De León que llevaron al desvío de Q3 millones, 374 mil 197.73. Además, a eventos anómalos donde el Registro General de la Propiedad pagó por servicios que no se prestaron, entre ellos el pago de 564 desayunos y canastas navideñas para los empleados en 2013..

Según el MP, la canasta que recibieron los empleados de la referida institución tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50, según la investigación. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Según la investigación, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

Otros implicados en el caso

El MP también solicitó condenas para los demás implicados

  • Samantha Marisol Mejía Salguero, pidieron 10 años de pena.
  • Gabriela María Caridi Canet, requirieron prisión de 6.8 años.
  • Miriam Estela Hernández Cisneros, solicitaron pena de 6.8 años.
  • Oscar Raul Alecio del Cid, requirieron condena de 6.8 años.
  • Edwin Ariel García Alvarado, pidieron prisión de 6.8 años.
  • Donald Joseph Byrne Mulet, solicitaron pena de 6.8 años.
  • Alma Verónica Barrios Moreno, requirieron condena de 6.8 años.
  • Esperanza Josefina Castellanos Solís, pidieron prisión de cinco años.
  • Otto Waldemar Flores Villeda, solicitaron  cárcel de 10 años.
  • Jennifer Alejandra Flores Villeda, requirieron ocho años de prisión.
  • Blanca Elizabeth Amaya Morales, pidieron condena de ocho años.
  • José Manuel Amaya Morales, solicitaron cárcel de ocho años.
  • Selvin Alexander Aquino Flores, requirieron prisión de ocho años.
  • Oscar Alberto Aquino Flores, pidieron ocho años de cárcel.
  • Randy Paul Gómez Pérez, solicitaron pena de ocho años.
  • William Enrique Valdez Segura, requirieron ocho años de condena.
  • Ernesto Suray Vásquez, pidieron prisión de 6.8 años.
  • Heidy Roxana Pirir Ramos, solicitaron ocho años de cárcel.
  • Bianca Yaneth Chacón Barillas, requirieron 1 año y ocho meses de prisión.
  • Patricia Nohemí Chacón Cabrera, pidieron cárcel de ocho años.
  • Mario Estuardo Orellana López, solicitaron ocho años de prisión.
  • Abdi Sucely Estrada García, requirieron ocho años de cárcel.

Lo que sigue

La próxima semana será el turno de la Procuraduría General de la Nacion (PGN), después será el turno de los defensores. Se espera que expongan durante toda la semana previo a que los jueces les otorguen la última palabra a los 25 acusados y se retiren a deliberar y luego la lectura de la sentencia.

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