MP y Cicig pedirán retiro de inmunidad de alcalde Ricardo Quiñónez y ministro de Finanzas, Víctor Martínez

La Feci y la Cicig solicitarán el retiro de inmunidad del alcalde capitalino Ricardo Quiñónez y del ministro de Finanzas, Víctor Martínez, a quienes señala de ser supuestamente parte de una organización que usó recursos ediles entre el 2011 y 2015 para perpetuar en el poder al Partido Unionista.

La Feci y Cicig continuaron las investigaciones a partir de los resultados del caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)
La Feci y Cicig continuaron las investigaciones a partir de los resultados del caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

Los delitos que se atribuyen a los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y  peculado.

 

Cabe mencionar que el 2015 Álvaro Arzú fue reelegido y en su planilla estaban Quiñónez y Martínez.

Quiñónez fue elegido concejal primero y Martínez, concejal segundo. Una vez en la municipalidad, ambos eran vocales Dos y Uno, respectivamente, en el comité técnico del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu).

La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) apunta a que desde la municipalidad capitalina hubo planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el Partido Unionista, así como el caudal de votos.

“El Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática, durante 2011 hasta 2015, llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú Irigoyen, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”, precisa un comunicado de la Cicig.

“Para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas, se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu) con el que se sufragaban actividades continuas de promoción con fines electorales”, señala.

“Se pudo acreditar que las estrategias y planes se materializaron de dos formas: a través de actividades municipales a las que se les dio contenido proselitista y actividades directamente proselitistas. Para ello, involucraron el recurso humano contratado por el ente edilicio y asesores internacionales, así como fondos públicos municipales”, agrega.

La pesquisa señala dos estrategias, denominados Plan Hormiga y Plan Ocho:

Plan Hormiga: Consistió en convertir a cada uno de los trabajadores municipales un captador de votos, puerta por puerta, realizándose también eventos y actividades de campaña a favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen. Esto fue del 2011 a 2015.

Plan Ocho: A través de actividades varias (convivencias, capacitaciones, y similares) al interior de la Municipalidad de Guatemala se captaran los votos de los trabajadores en favor del Partido Unionista y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, con el objeto que dichos trabajadores, a su vez, se encargaran de buscar nuevos votantes y/o adeptos al partido entre su círculo cercano, buscando así un efecto multiplicador en el voto. Esto fue ocho meses antes de las elecciones del 6 de septiembre de 2015.

¿Cómo se involucran los funcionarios?

De acuerdo con la Feci y la Cicig, los planes y las acciones eran del conocimiento de las autoridades, “quienes recibían reportes, supervisaban y/o participaban directamente en labores de coordinación”. “Sus requerimientos y gastos -añade-eran cubiertos por la comuna a través de la infraestructura material y humana de ésta, y de los fondos públicos del Fapu”.

Hubo engaño mediante facturas alteradas o falsas para disfrazar los pagos cuyos fondos provenían del Fapu.

Todos los funcionarios del comité técnico del Fapu tenían cargos en el Partido Unionista.

La investigación concluye que los funcionarios autorizaban los gastos de campaña electoral.

“Ellos tenían conocimiento de que los gastos correspondían a actividades vinculados con las estrategias partidistas, en especial el Plan Hormiga y el Plan Ocho, incluso, tuvieron participación directa, coordinación y/o supervisión en las actividades de dichos planes”, precisa.

Durante esta jornada fueron capturados Pedro Villa Nueva, concejal Tercero, y Héctor Cifuentes, secretario municipal.

Serán citados a declarar

  1. Pedro Licinio Ruano Roldán, director financiero del Fapu.
  2. Luisa María Silvana Salas, presidenta del comité técnico del Fapu y síndica Primera.
  3. Carlos Alejandro Miranda, gestor y organizador de actividades proselitistas y asistente en la Dirección de Desarrollo Social.