El juez Miguel Ángel Gálvez escuchó a cada uno de los sindicados, entre ellos el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que de nuevo se sentaron en el banquillo.

La diligencia se desarrolló en medio de un amplio dispositivo de seguridad y protocolos establecidos específicamente para el caso, según dijo Ranulfo Rojas, presidente de la CSJ y del Organismo Judicial (OJ).

La diligencia podría durar toda la semana, aunque dependerá de la programación del juez Gálvez y del desarrollo de la misma.

En la primera jornada el Juez identificó a cada uno de los sindicados, que de viva voz dijeron su nombre, ocupación y lugar de residencia, mientras también se les preguntaba si tenían asistencia legal o en su defecto se disponía de un abogado público.

Este lunes también se confirmó que los expedientes del caso La Cooperacha también se sumarán a Cooptación del Estado, por se parte de un mismo proceso de investigación. La acción obligó a que se presentara a los exministros Mauricio López Bonilla, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio.

También se sumaron tres personas más al proceso que hasta este lunes estaban prófugas; entre ellas está el exbanquero y exdirectivo del Banco de Desarrollo Rural, Fernando Peña.

Máxima seguridad

El protocolo de seguridad incluye el traslado de los sindicados, la revisión personal a cada uno y su ingreso ordenado en la sala para evitar problemas. Rutina que se repetirá cada día durante el desarrollo de la audiencia.

La Sala de Vistas se acondicionó para poder albergar a la defensa, el MP, la Cicig y los medios de comunicación.

La audiencia, prevista para el pasado lunes, fue aplazada hasta este lunes por falta de espacio y de acceso de los abogados de los detenidos a los expedientes de la investigación judicial para la defensa de sus patrocinados.

Los delitos que se les imputan son los de asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y financiación electoral ilícita, entre otros.

La estructura

De acuerdo con las primeras investigaciones, esta estructura creó empresas “de cartón”  para recibir dinero para financiar la campaña electoral de Pérez y Baldetti en 2008 y 2011, sin revelar los recursos al Tribunal Supremo Electoral  (TSE) .

Al llegar al poder el 14 de enero de 2012, esta red se fortaleció y en comisiones por contratos otorgados a los financistas se habría embolsado unos Q500 millones.

Este mismo fin de semana, tres exministros del Partido Patriota fueron detenidos y se emitió orden de captura para otros dos por haber participado en una estructura de corrupción que sufragó costosos regalos para el exbinomio presidencial pagados con fondos de origen ilícito.

Entre 2012 y 2014, Pérez Molina percibió como obsequios por su cumpleaños una lancha, una casa en la playa y un helicóptero valorados en US4.3 millones; mientras a Baldetti se le agasajó con una vivienda en Roatán, Honduras, por valor de US$500 mil.

Baldetti fue detenida en agosto pasado y Pérez Molina en septiembre último, acusados de dirigir la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, la cual fue desarticulada en abril de 2016.

Ambos están también acusados de dirigir otra organización que recibió unos US$24.5 millones por otorgar un contrato de ampliación portuaria a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ).

*Con información de Agencia EFE