La solicitud fue entregada a la judicatura por medio de un memorial en el cual las dos entidades manifiestan que los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, no contemplan el cese de la persecución penal por una amnistía.

Ríos Montt, juzgado por la muerte de mil 771 pobladores ixiles, en Quiché, entre 1982 y 1983, manifestó a la Sala que el decreto 8-86 concedió el perdón judicial a todos los hechos ilícitos cometidos entre el 23 de marzo de 29182 y el 14 de enero de 1986, por lo cual no existe fundamento para continuar con el proceso en su contra.

Junto a Ríos Montt también afronta juicio el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar.

La judicatura debe emitir una resolución en la cual se explique por qué es o no prudente otorgar a Ríos Montt la amnistía, lo cual fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad, que anuló un fallo previo de la misma Sala, en la cual se negó el perdón al militar.

El tribunal constitucional explicó que en aquella oportunidad la Sala hizo una resolución basándose en la Ley de Reconciliación Nacional, sin haber estudiado el decreto 8-86, que era el que señalaba el militar.