CIDUAD DE GUATEMALA – Una de las conclusiones a las que se llegó tras el estudio de cada uno de los expedientes de los demandantes es que no se cumple con los plazos razonables para resolver la situación jurídica de los privados de libertad, por lo que hay una violación al derecho humano de acceso a la justicia.

“Según informe del subdirector del sistema penitenciario, hay 10 mil 495 personas con prisión preventiva sin resolver su situación jurídica”, dijo De León. Un 41.86 por ciento de estas lleva de un año a más de seis meses en prisión preventiva.

También señaló debilidades en otras instituciones del estado como el Ministerio Público, el Instituto de la Defensoría Pública Penal y Corte de Constitucionalidad. En todas estas se refiere a que pese a los avances, aún no cuentan con el personal suficiente.

En base a eso, el número una serie de recomendaciones entre la que se destaca el cumplimiento en los plazos legales y agilizar el trámite de procesos judiciales.

El informe oficial de la investigación se dará a conocer el próximo viernes.