Pérez Molina improvisó una conferencia de prensa en el Juzgado de Mayor Riesgo B, luego que el juez Miguel Ángel Gálvez decidiera suspender la diligencia; allí el exmandatario aseguró que el contrato fue legal y negó haber recibido sobornos a cambio de la adjudicación.

El exmandatario desmeritó la declaración de Juan Carlos Monzón, colaborador del caso, y señaló que la investigación está sostenida sin fundamentos. También negó que Monzón “controlaba” algún negocio del exmandatario, pero señaló que lo dicho por el exsecretario privado de la Vicepresidencia no es verdad.

Aseguró que no recibió ningún centavo de las supuestas acciones irregulares que en el 2012 dejaron como resultado el otorgamiento en usufructo, por 25 años, de un terreno ubicado en la Portuaria Quetzal, y requirió al órgano investigador aclarar la situación.

“Estos casos que se montan en base a cuentos o a historias que quiere dar algún colaborador eficaz  tarde o temprano se caen”, dijo Pérez Molina.

Pérez Molina también dijo desconfiar de las intenciones de fondo de las acusaciones en su contra, dos hasta ahora, calificando de un “show político” la persecución.

Para el expresidente, el MP y la Cicig no han logrado sustentar la acusación en su contra por el caso La Línea, por lo que han “armado” el caso TCQ para mantenerlo en el banquillo de acusados.

“Qué casualidad que este caso sale a un año de las primeras capturas de La Línea, y que no logran sustentar nada. (…) No es casualidad que se va el presidente y se lleva a la Fiscal y al comisionado de la Cicig, a las Naciones Unidas, a hacer como que llevan un gran respaldo por las cosas que están haciendo”, resaltó el exmandatario.