Los exministros de Salud, Jorge Villavicencio y Luis Enrique Monterroso, y el jefe de la cartera de Trabajo, Carlos Contreras, -actual presidente  de la Junta Directiva del Seguro Social-, fueron denunciados penalmente por la PGN debido a que autorizaron, en el 2013, un pacto colectivo para sindicalistas de Salud que resulta perjudicial para el Estado.

En el caso de Monterroso, su implicación sería por participar en la adenda del documento en el 2014.

En su dictamen sobre la negociación, suscripción y homologación del pacto, suscrito entre Salud y los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -miembros del Frente Nacional de Lucha-, la PGN señala que “algunos de los beneficios analizados son desproporcionales, irrazonables y dañinos para el patrimonio del Estado”.

El documento, presentado este miércoles por el ministro de Salud, Mariano Rayo, explica que “los funcionarios de los ministerios de Salud y Trabajo que firmaron y homologaron dicho pacto colectivo, desbordaron sus facultades legales en detrimento del patrimonio del Estado”.

El ente que trabaja como abogado del Estado presentó las denuncias el 25 noviembre en cumplimiento al artículo 457 del Código Penal y señala a los ministros responsables, “por posibles violaciones a normas constitucionales y ordinarias en perjuicio del Estado de Guatemala”.

Excesos

La asesoría legal que ofreció el abogado César Landelino Franco López  para la elaboración del pacto tuvo un costo de Q24 millones, el cual, pese a haber sido firmado en el 2013, todavía se pagaba el año pasado.

Entre los puntos más polémicos del documento se encuentra el pago de viáticos para funcionarios de la cartera y dirigentes sindicales, los cuales son de Q1 mil diarios para el secretario general, Q800 cada día para la secretaria del Comité Ejecutivo y Q400 para otros miembros del comité.

Además, establece el pago Q1 mil 200 diarios en concepto de viáticos para el ministro, Q1 mil para los viceministros, Q800 para directores y gerentes y Q600 para los directores.

En su dictamen, la PGN refiere que, durante el proceso de negociación del documento, el ministro de Salud no solicitó al Ministerio de Finanzas un dictamen, opinión o pronunciamiento sobre la existencia de respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendía otorgar.

También señala que el ministro de Trabajo homologó el pacto sin verificar que cumpliera con los requisitos y no violara disposiciones legales.