La petición fue admitida por el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Walter Villatoro. Fue solicitado por el agente fiscal Carlos Pivaral Aguilar, de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer del Ministerio Público.

El antejuicio fue promovido por una denuncia del 13 de octubre en la Fiscalía de la Mujer, por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol).

La acción es por la discución entre Taracena, personal del bloque Alianza Ciudadana y el diputado Marvin Orellana, quienes ocupaoron la oficina de Luis Rabbé, luego de que suspendido temporalmente.

El presidente del Congreso llegó a la oficina e impidió que la ocuparan, aunque los trabajadores ya estaban rotulando. Luego de una discusión entre los dos congresistas, Orellana optó por retirarse.

Una de las trabajadoras argumentó en la denuncia que se sintió agradida y que Taracena la insultó y le habló de manera incorrecta, lo que constituye violencia.

Otra denuncia

Sindicalistas del organismo Legislativo accionaron luego de cambios administrativos en esa instancia, que incluyeron despidos de personal, algunas mujeres se sintieron agredidas y plantearon el antejuicio.

Entre las denunciantes está María Magdalena Camey Estrada y Jacqueline Johanna Suarez Linares, quienes lo señalan de violencia contra la mujer.

Ahora pasará a la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados de ese órgano decidan en pleno si le dan trámite al antejuicio. De hacerlo nombrarán a un juez pesquisidor, que debe se run magistrado de sala del ramo penal.

A partir del nombramiento el juez pesquisidor tiene 60 días para citar al denunciante y ponente, analizar las pruebas de cargo y descargo, y emitir una resolución que sugiere si es o no viable despojar de inmunidad al señalado.

Si la Corte le da trámite, en enero del próximo año estaría siendo resuelto el procedimiento contra Taracena.

Medidas cautelares

El 23 de septiembre de este año las sindicalistas lograron medidas cautelares para evitar que el presidente del congreso se les acerque, la medida incluye a los familiares de los agraviados.

 Las acciones están en el expediente identificado como C-01187-2016-20587, la Policía Nacional Civil está instruida por el Juzgado de Delitos de Femicidio para detener al presunto agresor y acusarlo de desobediencia si es sorprendido en incumplimiento.