Nahualá se posiciona nuevamente como epicentro del conflicto, que este viernes dejó, según reportes oficiales, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecido y al menos a 15 soldados retenidos.

La primera emboscada reciente ocurrió apenas el pasado domingo y las fuerzas de seguridad se tuvieron que contener para evitar responder a las agresiones y a los disparos para evitar daños a la población civil, según explicó Rubén Tellez, vocero del Ejército de Guatemala.

“El domingo pasado habían tres situaciones distintas: La primera, un grupo de personas que lanzaba piedras y palos a los soldados y policías; la segunda es que al frente de estas personas había una barrera de mujeres y niños, esto cambia por completo la dinámica; y por la naturaleza del terreno desde puntos altos les disparaban a soldados y policías”, señaló el coronel.

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Lo anterior hace imposible que las fuerzas de seguridad pudieran accionar sus armas, nada les impedía responder a los ataques, pero la emboscada fue ejecutada de tal manera que cualquier acción de las fuerzas de seguridad ponía en riesgo a mujeres y niños.

“Para minimizar el riesgo de personas y desescalar la intensidad del momento fue que se optó por no ejercer ninguna acción militar, que los soldados y policías se protegieran, retrocedieran y cedieran terreno”, recordó Tellez.

Pero este viernes nuevamente hubo un ataque cuando agentes fiscales y fuerzas de seguridad se disponían a realizar un allanamiento, todo para esclarecer la masacre que el diciembre pasado dejó a 13 personas fallecidas.

Situación que amerito un Estado de Sitio en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, que enfrentan una disputa por el diferendo territorial.

“Hoy (este viernes) cambia la dinámica, el ataque se da dentro del casco de la comunidad, incluso con armas de fuego, cuando hay casas y es un entorno cerrado es mucho más difícil y delicado responder fuego con fuego”, refirió el portavoz.

Cualquier respuesta, por más mínima que hubiera sido era riesgosa por las balas perdidas y la población civil que estaba expuesta, “hacer cualquier acción de respuesta en estos dos escenarios nos podría llevar a otra Cumbre de Alaska”, precisó.

“Una estrategia del crimen organizado”

Julio Rivera Calvería, ex viceministro de seguridad, explica que es recurrente que el crimen organizado coloque como escudos humanos a niños y mujeres. Esto hace que las fuerzas de seguridad no abran fuego en un enfrentamiento.

“La policía muchas veces tiene miedo de que los vayan a demandar si matan a una persona. Es una práctica del crimen organizado en todo el país poner niños y mujeres. Y si llegan a matar a alguien van a ser atacados en redes sociales y medios de comunicación. Lo digo por he estado en el viceministerio y este es un problema grande”, dijo Clavería.

El exviceministro comenta que hay que reformar la ley orgánica de la policía, ya que esta no protege a los agentes de la PNC ante este tipo de situaciones. “Debe reformarse la ley orgánica para que un policía no quede sujeto a prisión si reacciona ante un ataque y como consecuencia de ello muere un criminal”, dijo Clavería.

Falta de coordinación

Francisco Rivas, exministro de gobernación, comenta que los agentes de la policía están facultados para activar su armamento en un conflicto en el que esté en riesgo su vida o la de un civil.

“Si existe un enfrentamiento no tendría que darse una consecuencia en contra del agente que utilice su arma. Hay operativos donde ha ocurrido eso (que muere una persona en un enfrentamiento) que sirven de ejemplo. No se ha consignado al agente y tampoco ha sido víctima de sanciones administrativas o de un proceso penal”, dijo Rivas.

“Cuando se incursiona a un lugar como este debe existir información que se obtiene a través del sistema de inteligencia de estado que sirva para analizar y determinar cuál es el nivel de riesgo y de vulnerabilidad en el área.  La información se traslada al Ministerio Público y con base a esto se organiza un el operativo, pero aquí no hubo investigación previa. Enviaron unas cuantas patrullas y fiscales sin la capacidad suficiente para reaccionar ante un ataque”, dijo Rivas.

Por su parte Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), lamentó la muerte de los agentes y señaló que la situación se le salió de las manos a las autoridades.

“Recomiendo al presidente de la República poner como prioridad número uno en el país el dotar de una seguridad permanente, tanto para los pobladores como también para las fuerzas de seguridad que tengan la posibilidad de hacer su trabajo con el menor riesgo posible, para que su vida y su integridad no estén bajo este asedio constataste”, indicó.

Rodas refiere que en un Estado de Sitio reciente en Izabal fue evidente una respuesta masiva de las fuerzas de seguridad, que hasta ahora no han visto en Nahualá.

“Nosotros vamos a respetar las actuaciones del Gobierno siempre que se encuadren dentro del marco de la Constitución y las leyes vigentes, respetando los Derechos Humanos, poner en orden la situación no implica dañar los Derechos Humanos”, destacó.