El 20 de octubre del 2006 Guatemala recibía la noticia de que el Banco del Café (Bancafé) se había declarado en quiebra.

La entonces presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta del Cid, junto al ministro de Finanzas, Hugo Beteta, y el superintendente de Bancos, Willy Zapata, salieron a garantizar que los clientes tenían protegidos sus ahorros.

“Si hubiera un ilícito se procederá según las leyes guatemaltecas”, dijo Zapata días después, preguntado sobre las capturas.

Transcurrieron 16 años, pero las respuestas no llegan y la justicia no avanza a la velocidad que se espera. Un letargo judicial mantiene desde hace más de nueve años en prisión a Manuel Eduardo González Castillo, quien fungía como presidente de Bancafé en el 2006.

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El caso de la quiebra de Bancafé es otro ejemplo de cómo la prisión preventiva incurre en excesos que son señalados como una violación de los derechos humanos.

En la actualidad, González Castillo guarda prisión en la cárcel de Mariscal Zavala sin que se haya agotado la etapa intermedia, por lo que no ha sido enviado a juicio. El Ministerio Público (MP) sigue en la fase de investigación para presentar una acusación formal.

González Castillo es señalado de quiebra fraudulenta de forma continuada, un delito por el cual la pena máxima es de 30 años, si se trata de autoridades bancarias o financieras.

Atrasos

A lo largo de 15 años y 11 meses, a partir del anuncio de la quiebra de Bancafé, el proceso penal ha pasado por cuatro juzgados de Primera Instancia Penal, y desde el 9 de abril del 2021 está a cargo de Miguel Ángel Gálvez, en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

El MP dirigido por Consuelo Porras decidió trasladar la investigación a la Fiscalía de Delitos Internacionales, a la que ahora le corresponde reunir los indicios suficientes para dar respuesta a más de tres mil personas que invirtieron sus recursos por medio de una financiera de ese banco y determinar la participación de los sindicados.

En la actualidad se encuentran ligados a proceso por el delito ya mencionado los exdirectivos Aída Desiree Soto Vettorazzi, Ariel Estuardo Camargo González, y los hermanos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo, de apellidos González Castillo. Este último se encuentra prófugo de la justicia.

Eduardo González había recobrado su libertad el 5 de mayo del 2021 luego de recibir el beneficio de arresto domiciliario. Sin embargo, por la evasión de su hermano, en diciembre del 2021 el juez Gálvez ordenó revocar la medida sustitutiva y dictar prisión preventiva de nuevo.

Durante estos casi 16 años de investigación fallecieron Eduardo Antonio Palomo Escobar y Eduardo Manuel González Rivera, padre este último de los hermanos González Castillo.

Desde Mariscal Zavala

Eduardo González Castillo está convencido de que sus derechos humanos han sido vulnerados y detrás de la persecución penal subyace una intención política.

El equipo de Prensa Libre visitó a González Castillo en la cárcel de Mariscal Zavala. Allí el señalado aseguró que el caso “se originó con fin económico y alcanzó lo político”, lo que afectó su economía, los lazos familiares y repercutió con un castigo social.

A criterio de González Castillo no existen medios de prueba que demuestren que él cometió el delito del cual es sindicado. Además, Bancafé nunca quebró, como lo encuadra el delito de quiebra fraudulenta de forma continuada, porque la entidad “suspendió sus operaciones y las razones fueron económicas”, lo que se pudo haber resuelto con otras rutas no penales.

Asimismo, argumenta en su defensa que renunció como presidente ejecutivo de Bancafé en el 2001, debido a su participación política con la Gran Alianza Nacional (Gana), de la cual, según expone, en esa época era el precandidato con mayor oportunidad de ganar las elecciones primarias.

El no estar al frente de la entidad bancaria tampoco lo implicaría en lo sucedido en el 2006 ni se podría aplicar la pena con agravantes, por lo cual, en el peor de los escenarios, enfrentaría una pena no mayor a 10 años de cárcel, lo que está a punto de cumplir sin haber sido sometido y vencido en juicio.

“He revisado mi vida entera y me pregunto, ¿qué va a pasar?”, reflexionó González Castillo, al manifestar que su plan de vida incluía ser empresario, político y académico, pero poco a poco ha visto frustradas todas sus aspiraciones.

Ahora se encuentra recluido en la cárcel Mariscal Zavala, pero antes estuvo en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. “Ahí el fichaje es una parte muy traumática”, recordó, junto con la experiencia de agresiones verbales que recibía su familia al hacer la fila para visitarlo en dicho recinto.

Desde el lugar donde guarda prisión, dividido por una reja, de pie y con la vigilancia de dos guardias del Sistema Penitenciario, González Castillo hace énfasis en que ha estado privado de su libertad por más de nueve años. “Si me condenaran, la pena ya la cumplí. Me destruyeron la vida”, subrayó.

Por el momento, el avance del caso es poco probable porque el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene saturada su agenda de trabajo y no se ha fijado fecha para la próxima audiencia, en la cual se debe resolver si hay suficiente evidencia que determine que los sindicados deben enfrentar juicio.

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El origen del caso

Bancafé fue fundado el 16 de octubre de 1978, con el propósito de apoyar la producción y exportación del café. En ese entonces contaba con 165 agencias. En 1998 adquirió los derechos de Multibanco, una entidad pequeña especializada en atender créditos personales.

La decisión de suspender Bancafé fue comunicada por el mandatario Óscar Berger en el 2006 a directores de los medios de comunicación, en una reunión en la Casa Presidencial.

De acuerdo con la fiscalía, entre 1997 y 2006 los sindicados efectuaron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank (BIB), una entidad no registrada en la Superintendencia de Bancos, la cual tenía sede en Barbados.

La Fiscalía sostiene que el dinero llegó a Vipasa, en Islas Caimán, y esta emitió un pagaré al Bancafe International Bank (BIB), pero el dinero nunca regresó. La imputación hecha por el MP señalaba que los procesados utilizaron US$204 millones de depósitos de inversionistas y cuentahabientes, que suman unas 3 mil 336 personas afectadas por el supuesto fraude.

Vipasa comenzó a funcionar en Bancafé el 1 de junio del 2002, sin que se informara a la Junta Monetaria o Superintendencia de Bancos. Un peritaje contable a las finanzas de Vipasa determinó que su situación económica era deficiente y que desde el 2002 presentaba una causa para disolverse, pues el 60 por ciento de sus activos se habían perdido.

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