“En cuanto a lo solicitado, no ha lugar a declarar lesivo para los intereses del Estado. La resolución emitida por el subinterventor de la empresa Portuaria Quetzal señala que no viola la Ley ni los intereses del Estado”, expone la resolución en consejo de ministros.

La procuradora María Eugenia Villagrán cree que los exministros podrían haber incurrido en delito y que le corresponde al Ministerio Público investigar y determinar responsabilidades.

Villagrán aseguró que está a la espera de las instrucciones del presidente Jimmy Morales para presentar una demanda de nulidad en una sala de lo Contencioso Administrativo. La abogada del Estado afirmó que el caso está en la jurisdicción de Guatemala, y podría llegar a un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio; sin embargo, existe la posibilidad de que se llegue a un tribunal internacional, en el que Villagrán considera que el país sería condenado.

El secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, indicó que el presidente Morales regresará al país el fin de semana, y le entregarán el análisis del caso y de instrucciones.

El presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, Bernardo López, opinó que el contrato no debió firmarse cuando había intervención; pero considera que es necesaria una terminal de ese tipo, aunque para comenzar a funcionar se requiere certificación de la Empresa Portuaria, autoridades marítimas y Superintendencia de Administración Tributaria.

Los involucrados

Las acciones irían encaminadas contra los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla; Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; Desarrollo Social, Leonel Rodríguez; Educación, Cinthya del Águila; Defensa, Manuel López Ambrocio; Cultura, Carlos Batzín; Relaciones Exteriores, Fernando Carrera; Ambiente, Roxana Sobenes; Trabajo, Carlos Contreras; Salud, Jorge Villavicencio; Agricultura, Élmer López; Economía, Sergio de la Torre; Energía y Minas, Érick Archila; y Finanzas, Pavel Centeno.