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En el texto, los abogados enfatizan que, de acuerdo con la Ley de Amparo, Exhibición Personal de la Constitucionalidad, los magistrados no podrán ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
El comunicado está firmado por Eduardo Moya, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín; Gabriel Orellana, excanciller de la República; Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, exmagistrado de la CC; Mauro Chacón, exmagistrado de la CC, y Jorge Mario García Laguardia, exmagistrado de la CC,
El 9 de enero último, la CSJ dio trámite al proceso de antejuicio en contra de tres magistrados constitucionales, cuyos votos han sido opuestos a las decisiones en política exterior del presidente Jimmy Morales, después de una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) contra los titulares la CC José Francisco de Mata Vela Gloria Patricia Porras y Bonerge Mejía, “por sus criterios relacionada a la política exterior que solo le compete al Ejecutivo”.
Según la Asociación, la CC habría incurrido en prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones en los amparos al extralimitarse particularmente en permitir al diplomático Andrés Kompass la permanencia del país como embajador de Suecia.
La denuncia se presentó en momentos en que la CC también dio trámite a varios recursos contra del fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) decidido por el gobierno de Jimmy Morales.
Persecución ilegal
Para los abogados, la denuncia promovida por la ADN, “constituye una persecución ilegal en contra de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, y por el hecho de haberle dado trámite a una denuncia antijurídica “la CSJ ha contribuido a debilitar el estado de Derecho y sus propias funciones”.
De acuerdo con los profesionales, el Congreso de la República está en obligación de detener el trámite de esa denuncia.
“El estado Constitucional de Derecho se edifica cuando los poderes públicos se someten a las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución y no, como en este caso, cuando lo persiguen penalmente por sus opiniones”, dice el texto, y advierten que, de no defender el orden constitucional, se pueden tomar las medidas necesarias.
El comunicado llega horas después de que la organización Somos presentó un recurso ante la CC que apoya a todos los amparos interpuestos por diversos grupos, abogados y asociaciones por el trámite de antejuicio contra los titulares de esa corte.
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