CIUDAD DE GUATEMALA – “En este horrendo crimen, la justicia ha avanzado” de forma insignificante porque solo una persona ha sido detenida, el exjefe policial Pedro García Arredondo, que ordenó la matanza, lamentó el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco.

El juicio contra García Arredondo posiblemente se inicie en octubre próximo.

Polanco llamó a los grupos humanitarios y familiares de las víctimas a ejercer más presión para evitar que los responsables queden en la impunidad y la masacre en el “olvido”.

El 31 de enero de 1980, un grupo de indígenas, campesinos y universitarios tomaron la sede diplomática para denunciar la represión en sus comunidades por parte del Ejército.

Para desalojarlos, los militares y policías quemaron la sede, en la que murieron carbonizados 37 personas, la mayoría indígenas, en una acción considerada por grupos humanitarios como una de las peores atrocidades cometidas por los militares durante la guerra (1960-1996).

Entre las víctimas figura Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente, Eduardo Cáceres, y el excanciller, Adolfo Molina.

El único sobreviviente fue el exembajador español Máxio Cajal, pues el único indígena que fue rescatado con vida, posteriormente fue secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.

“Vamos a colaborar por todos los días, por todos los años de nuestra vida, y nuestros nietos y nuestras generaciones van a colaborar con la justicia guatemalteca”, prometió Menchú, quien durante la dictadura militar perdió a su madre, varios hermanos y otros familiares.

Menchu exigió que se “haga justicia, que se castigue a las personas responsables de estos crímenes para que nunca más vuelva a ocurrir y que ningún guatemalteco vuelva a ser víctima de una quema masiva de personas inocentes”.

“La masacre de la embajada de España es parte integral de la memoria de tantas víctimas, de la memoria del genocidio, de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Guatemala”, recordó la dirigente indígena.

Al clamor se sumó la Asociación Guatemalteca para la Comunicación, el Arte y la Cultura (Comunicarte), que demandó “la aplicación de la justicia a los responsables de este crimen de lesa humanidad”.