La magistrada vocal segunda de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, Sonia de la Paz Santizo Corleto, fue designada por la CSJ como jueza pesquisidora, el 15 de julio recién pasado.

Por esa razón, ahora corresponde a los 13 magistrados de la CSJ determinar si, con base en el informe, le retiran la inmunidad al parlamentario, para que pueda ser procesado.

Según la investigación preliminar, a cargo del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un período de seis meses el legislador se habría apropiado de Q630 mil. Como consecuencia de esas irregularidades se le señala de los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.

Diputado llegó al Congreso por el Partido Patriota.

Actualmente integra la bancada del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Presidente del Congreso en el período del 14 de enero de 2013 al 14 de enero de 2014.

Buscaba ser reelecto por la alianza de partidos Creo-Unionista.

Empresario y profesional, con maestría en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, y es ingeniero químico por la Universidad del Valle de Guatemala. Además cursó márquetin internacional en la Universidad de Alabama.

Directivo de la Cámara de Industria, del 2005 al 2008.

Director gerente de la empresa PSE, S.A., fundada en 1992.

El Ministerio Público lo señala de los delitos de peculado por sustracción y también asociación ilícita.

Eran 15 guardias

La investigación señala que, entre junio y diciembre del 2013, Muadi contrató a 15 agentes de seguridad privada, pero estos nunca se presentaron a laborar al Legislativo, sino que continuaron trabajando para la empresa del diputado.

El MP señala que Claudia María Bolaños Morales —procesada y en prisión—, secretaria de Muadi, era la encargada de pagar Q2 mil en efectivo a los guardias, que habían sido contratados por Q8 mil al mes.

Después, Bolaños extendía cheques por Q8 mil o Q7 mil, que eran depositados en la cuenta bancaria de la sociedad anónima de Muadi, identificada como Productos, Servicios y Equipos (PSE).

José Blanco Aguilar —procesado y en prisión— era quien instruía a los 15 guardias para que abrieran cuentas bancarias.

Ligados

El juez undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulum Sánchez, ligó a proceso ayer a cinco personas señaladas de peculado por sustracción en la creación de las plazas fantasmas en el Congreso.

El juez impuso una medida sustitutiva de Q10 mil a Alejandra Bracamonte, Eder Vladimir Martínez, Edna Patricia Guillén y Amílcar José Bracamonte.

Jennifer Ruano Gil fue enviada a prisión preventiva por considerarse que existen suficientes indicios de su participación en el hecho ilícito.

El 1 de octubre último, el mismo juez les fijó una fianza de Q3 mil a Eulalia Herrera Mérida, Mario de León Gil, Germán Ralón Hernández, Édgar Quiñónez y Rosa Oliva Toj, por el mismo delito.