De hecho, mientras no existan estrategias de prevención y toma del control total de las cárceles, estas seguirán siendo puntos de coordinación de exacciones, afirman expertos.

Claudia Palencia, fiscal del MP contra las Extorsiones, reconoció que este delito se ha convertido en un medio de sobrevivencia para personas sin acceso a educación y de empleo.

“No queremos estigmatizar, pero en las áreas pobres la extorsión se ha convertido en un medio para sobrevivir, o como forma de trabajo, porque se obtienen ganancias en corto tiempo”, señaló Palencia.

Toda vez no se tenga el control de los penales y se logre mantener a los reos aislados —es decir sin acceso a comunicación por teléfono, internet o cualquier otra vía— las extorsiones seguirán siendo coordinadas desde estos lugares, según se evidencia en las capturas de ayer, cuando tres de los involucrados son reos.

Según la Fiscalía, las estructuras de extorsionistas son robustas y tienen capacidad para coordinarse. Romper este esquema es el desafío, dicen.

Perversa escuela

Francisco Quezada, experto en seguridad, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opina que las cárceles se han convertido en una escuela en donde los presos aprenden a extorsionar, y prueba de ello es que por más operativos que se lleven a cabo, este delito continúa.

“Si al momento en que se llevan a cabo las capturas no se aísla a los extorsionistas, estos siguen extorsionando desde las cárceles. Además, enseñan a los reos a cometer este delito y entonces los privados de libertad empiezan a extorsionar desde los penales, y cuando salen libres mantienen la extorsión como forma de vida. De ahí que la cárcel sea una escuela de extorsionistas”, expuso Quezada.

El experto también destacó que el combate de las extorsiones es difícil porque son un delito con muchos incentivos. “No se necesita de ninguna estructura, más que un teléfono y una persona, y es muy fácil obtener ganancias, y es lo que invita a imitarlo”, comentó.

El experto del Cien advirtió de que existe un subregistro de denuncias en el MP, porque hay víctimas que temen presentarlas. Además se necesita endurecer las leyes que castigan la extorsión y delitos conexos.

Falta control

Adolfo Alarcón, experto en temas de seguridad, señaló que mientras es necesario retomar las cárceles para que las capturas sean verdaderos golpes a la extorsión. Resaltó que la corrupción en el Sistema Penitenciario (SP), donde los guardias facilitan el ingreso de teléfonos, es otro factor que permite que desde las celdas se coordinen las extorsiones.

“Lo que sucede es que se desconoce si los bloqueadores de celular funcionan, porque se pueden hacer capturas y mantener en prisión a los extorsionistas, pero si desde las cárceles continúan con la misma actividad, no hay mayor diferencia”, afirmó Alarcón.

Por la corrupción que existe en el SP no le resulta extraño que los guardias sean quienes desconecten los bloqueadores.

“Entonces, imagínese, si eso es así de nada sirve que haya capturas, las denuncias mantendrán su mismo nivel y ese es el eslabón que hace falta controlar”, enfatizó Alarcón.

La Fiscalía tiene identificadas las prisiones El Boquerón, en Santa Rosa; la de Zacapa, la Granja de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango; la de Puerto Barrios, Izabal; Fraijanes 1 y 2, Pavón y Pavoncito, y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, como los presidios desde los cuales se coordinan más extorsiones.

La solución debe ser integral, y para ello el MP necesita que el SP funcione y colabore con el control de los reos que están procesados producto de las investigaciones de la Fiscalía.

“Las extorsiones se originan en las cárceles, pero no tenemos incidencia en Presidios para evitar que salgan las llamadas, y mientras se continúe facilitando el ingreso de celulares a las cárceles, no se podrán detener las extorsiones”, reconoció Palencia.

El SP asegura que se combate el tráfico ilícito de celulares en las cárceles a su cargo, y por medio de una mesa técnica se discute el tema y eficacia de los bloqueadores de señal, los cuales sí funcionan.

“Somos respetuosos de los criterios emitidos por profesionales de la Criminología o de la investigación, pero también hay incautaciones de ilícitos, y cuando hay guardias que se presume están involucrados en la comisión de algún delito, son puestos a disposición del órgano jurisdiccional”, aseguró Rudy Esquivel, vocero del SP.