De forma unánime el Tribunal de Mayor Riesgo “B” presidido por Jeannette Valdés e integrado por Katty Sarceño y Marling González rechazaron un informe que sustentaba la reparación digna de Q73 millones, que pedía la Procuraduría General de la Nación (PGN), por la defraudación tributaria cometida por el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, así como 16 personas más.

A criterio de las tres juzgadoras el requerimiento fue denegado “por ser impertinente e inútil” ya que la solicitud no estaba individualizada con los montos para cada una de las 18 personas que fueron sentenciadas el pasado miércoles, al haber sido encontradas culpables de integrar una red criminal denominada La Línea.

La PGN había requerido al Tribunal que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías, paguen Q18.3 millones cada uno y 16 acusados más hagan efectivo el pago de Q2.4 millones por los daños y perjuicios ocasionados por La Línea.

La petición se hizo en base a un informe emitido el 9 de diciembre de 2022 por el Banco de Guatemala (Banguat), firmado por el gerente de la institución Leonel Mérida, el cual detalla que el monto defraudado por los derechos arancelarios no percibidos asciende a poco más de Q36 millones.

Mientras que por concepto del Impuesto al Valor Agregado la suma sobrepasa los Q37 millones.

Todo suma Q73 millones 13 mil 746, cifra dejó de percibir el Estado en materia tributaria por las operaciones Ilícitas de La Línea.

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“Son tributos los que permiten al Estado garantizar la educación, el desarrollo social, salud, la vida, la justicia”, dijo Zoé Paiz González, representante de la PGN, al solicitar la millonaria reparación.

Diligencia débil

Paiz González justificó que se hizo el requerimiento al Banguat porque “es el banco central y consejero”. Esta entidad, además, estimó los intereses del dinero que se dejó de percibir por la defraudación tributaria.

Sin embargo, el documento carecía del detalle individualizado  de los 18 procesados, además de número de folios. También llevaba adjuntas unas hojas bond tamaño carta escritas a mano con los nombres de los 18 sentenciados y el mismo no detallaba el nombres y apellidos completos.

Al rechazar este informe, la jueza Valdés indicó: “no cuestionamos la legitimidad de la persona que elabora este documento. Sin embargo, lo que no podemos permitir —es— que se introduzca un documento que contiene deficiencias”.

Por la debilidad del informe, ahora queda en manos de las tres juzgadoras determinar el monto que deberán pagar los señalados por reparación digna, resolución que darán a conocer la tarde de este 13 de diciembre.

Atacan la reparación digna

“No trajo —la PGN— las pruebas que demuestren el daño y el perjuicio ocasionado al Estado”, señaló César Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez, quien hizo entrega de un dictamen socioeconómico que detalla todos los bienes y cuentas bancarias que se encuentran embargados al exmandatario desde 2015.

Pero el MP, la SAT y PGN se opusieron a que dicho dictamen fuera admitido como medio de prueba; no obstante, el Tribunal lo aceptó como un documento, más no como un dictamen, al considerar que debe realizarse con igualdad procesal.

Ester Guerrero, abogada de Baldetti, argumentó a las juzgadoras que el trabajo de la PGN “tenía que ser detallado y señalar la víctima para la cual reclaman” la reparación digna, y refirió que no se sustentaron los daños y perjuicios.

Guerrero entregó un oficio que detalla los bienes y cuentas bancarias inmovilizados a Baldetti Elías desde 2015 por el Juzgado de Extinción de Dominio y con dichos documentos pretende hacer constar la incapacidad económica de la exvicemandataria.

El sindicado Osama Azis Aranki entregó una constancia de ingresos y declaración jurada en la que detalla que actualmente labora como administrador de un taller mecánico con un ingreso de Q8 mil mensuales, por lo que no tiene la capacidad para realizar un pago millonario.