Los cargos que la Fiscalía imputa a los sindicados son abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Las pesquisas preliminares señalan que Rabbé habría contratado a 21 personas en el 2014 y 13 en el 2015 sin que hubiera necesidad de incremento del personal a su disposición.

Herrera habría gestionado 20 plazas laborales que ocuparon familiares y personas cercanas a él, y Cristiani, otras 19.

El MP indicó al juez que Mijangos, por su cargo, tenía la responsabilidad de verificar todas las contrataciones y que permitió que personas que no cumplían con los perfiles requeridos fueran colocadas en puestos técnicos.

Los abogados

Los abogados defensores intentaron desacreditar los cargos al argumentar que se trata de señalamientos espurios y que el MP desconoce cómo funciona de manera administrativa el Congreso.

Abraham Girón, defensor de Cristiani, aseguró que derivado del caso su cliente ha sufrido burlas después de que se conoció que su nivel académico es diversificado y que su profesión es bachiller en Ciencias y Letras. Agregó que una responsabilidad personal no amerita una de carácter penal ni una investigación.

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Antejuicio

El Juzgado Séptimo Penal remitió, a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público  en contra del diputado Manuel García Chutá.

Los antejuicios de Luis Rabbé, en el Juzgado Undécimo; Arístides Crespo, Octavo; Selvin García, Sexto; y Julio López Villatoro, César Fajardo y Carlos López, Tercero, siguen sin ningún movimiento.